Los contratos agrarios tendrán que incluir los costes de producción, queda prohibida de forma expresa la venta a pérdidas, se mejora la tributación de los jóvenes agricultores que reciben las ayudas a la primera instalación y se perseguirá la publicidad engañosa. Estas son algunas de las medidas urgentes que contempla el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros para tratar de garantizar precios justos a los agricultores y ganaderos. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Ejecutivo central, Luis Planas, recalcó que con las modificaciones en la Ley de la Cadena Alimentaria se evita "la destrucción de valor". "Ni la industria ni la distribución podrán vender por debajo del precio que haya costado producirlo, con la excepción de productos perecederos para evitar el despilfarro alimentario", enfatizó.

Los agricultores y ganaderos canarios (que están convocados el 14 de marzo a una movilización por las calles de Santa Cruz de Tenerife) reciben con agrado este primer gesto del Ejecutivo central para revertir la situación del campo, que tachan de insostenible desde el punto de visto económico, pero piden hechos consumados, concreción y más medidas. "Nuestra reivindicación no se centra solo en los precios, es mucho más", afirma Ángela Delgado, presidenta de Asaga.

La principal novedad de este real decreto es obligar a cada operador a abonar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto. Asimismo, la norma previene que el operador que realice la venta final del producto al consumidor pueda repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al público, informa Europa Press.

Además, y adelantándose a la exigencia de la actual normativa europea en la materia, el Ejecutivo prevé la publicidad de las infracciones graves y muy graves, con fines disuasorios pero también punitivos. El nuevo real decreto prevé como sanciones graves (que antes eran consideradas leves) no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en los importes.

Aunque el real decreto ha sido bien recibido por el sector primario, entre los productores existen dudas sobre la efectividad o grado de cumplimiento de algunas medidas, como la referida a la de los costes de producción. "Es una declaración de intenciones, pero hay que ver si esto se puede llevar a la realidad", indica la presidenta de Asaga.

La norma también recoge una medida muy reivindicada por el sector: una fiscalidad más fraccionada en los pagos de los jóvenes agricultores por las ayudas de la PAC, que ahora podrán abonar en cuatro años. En consecuencia, se adapta la normativa del IRPF para permitir en este supuesto tributar en varios ejercicios. El Ejecutivo recalca que esta medida, siendo sus efectos muy relevantes, tiene coste cero para las arcas públicas pues permite el pago del impuesto a lo largo de las anualidades de ejecución de las ayudas, sin disminuir el volumen final de ingresos públicos pero acomodándolo al marco temporal en que se recibe la ayuda.

Pese al paso dado por el Gobierno que preside Pedro Sánchez, los productores de la Comunidad Autónoma seguirán adelante con su movilización del 14 de marzo. Más allá de regular el mercado interno, el campo isleño también reclama apoyo del Estado para que la UE reglamente la importación de países terceros. Su objetivo es, aseguran, competir en igualdad de condiciones con los productos de países que no están sometidos al mismo nivel de controles que los de aquí.