RIC Private Equity, un vehículo ideado para que los empresarios materialicen la Reserva de Inversiones Canaria (RIC), va a participar en la entrada de la cadena hotelera AC en Santa Cruz de Tenerife y acaba de acordar implicarse en la reforma del complejo Puerto Azul, propiedad de Servatur y situado en la localidad grancanaria de Mogán.
Dos millones en el caso del desembarco de Antonio Catalán en la capital tinerfeña -un cuatro estrellas que tiene prevista su inauguración el próximo Día de Canarias- y 35 millones de euros en el de la reforma del complejo del Sur de Gran Canaria. Así se determinó en el Consejo de Administración que RIC Private Equity celebró el jueves de la pasada semana.
El secretario del órgano de gobierno y letrado asesor, Enrique Guerra, señala que este vehículo nació con la vocación de ofrecer un nicho de inversión carente de riesgo a los empresarios de las Islas. La emisión de deuda del Cabildo de Gran Canaria de 2017 fue de algo más de 21 millones y la demanda superó los 500 millones, y eso que la rentabilidad ofertada era del 0%. "El mercado de RIC ha hablado y ha dicho que quiere un producto conservador", explica Sierra.
De ahí que las propuestas que se ponen sobre la mesa tengan por objeto a empresas líderes de su sector -"turístico, porque es el motor que mueve a todos los demás"- y se concretan a través de obligaciones contra garantía hipotecaria y préstamos participativos avalados por fiadores.
En cinco o seis años se produce la desinversión. Es decir, los inversores recuperan el capital, además de haber cobrado regularmente el dividendo y de haber logrado un importante ahorro fiscal al dotar RIC con los beneficios obtenidos.
En resumen ese es el modo de operar de este fondo de capital riesgo, que también pone distancia con los problemas que otras iniciativas de similar naturaleza afrontaron por las discrepancia con los técnicos de Hacienda a la hora de interpretar la norma que rige la RIC.
Bebe de la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de 2014, que dio entrada a la "materialización de la RIC a través de sociedades de capital riesgo", detalla Enrique Guerra. Con una ventaja más para los inversores, como es que la comprobación sobre si la operación se ajusta al marco legal es previa.
El fondo, que está inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, por tanto, se rige por las estrictas normas de transparencia que exige el operador bursátil, tiene que elaborar un informe detallado antes de captar el capital y remitirlo al Gobierno de Canarias.
El Ejecutivo lo envía a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que realiza un informe vinculante y lo devuelve a la Administración regional para que esta finalmente emita una declaración de idoneidad fiscal sobre la operación. "Es un acto administrativo y no una consulta", incide Guerra, que también se muestra gratamente sorprendido con la rapidez con que tanto la AEAT como la comunidad autónoma están trabajando.
