El relator de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, ha dado un tirón de orejas a España, un país donde los derechos sociales y económicos se toman "rara vez en serio" y se ha gobernado para los ricos y abandonado a los pobres, denuncia este experto independiente, que no cobra un sueldo del organismo, y que recorrió seis comunidades autónomas a principios de febrero en 12 días para evaluar la desigualdad, aunque no incluyó a Canarias en su periplo. Alston fue taxativo en su informe y apuntó como un factor clave en la generación de pobreza la carencia de vivienda y que España no ha sabido gestionar esta situación, pues los anteriores gobiernos no han actuado en el control de los alquileres o los pisos vacíos.

Pese a que no visitó Canarias, una radiografía de la pobreza en la Islas pone en evidencia que las conclusiones del australiano se cumplen en el Archipiélago. Gracias al funcionamiento de la red asistencial con el apoyo de organizaciones como Cruz Roja, Cáritas Diocesana, el Banco de Alimentos o de asociaciones vecinales que actúan directamente para paliar las necesidades básicas, la situación no ha ido a más, pero aún así las propias instituciones admiten el grave problema que padece Canarias. Según los informes de Foessa de Cáritas o de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias, con datos reconocidos por el Gobierno regional, las Islas forman parten del vagón de cola estatal en pobreza y el riesgo de exclusión social es sumamente elevado pues afecta a 617.000 personas, el 29% de la población. Los estudios advierten que esta situación se está cronificando en el Archipiélago.

Chabolas, barracones...

Aunque a excepción de los alrededores del Pancho Camurria, en Santa Cruz de Tenerife, las Islas no tengan tan visibles poblados de chabolistas como otras comunidades visitadas por el relator de la ONU, como la Cañada Real de Madrid o los asentamientos de chabolas en Huelva ocupadas por los inmigrantes, todas ellas en condiciones bochornosas, expone el experto, en Canarias existen 16.000 hogares con situaciones de infravivienda: chabolas, barracones, vetustas caravanas, cuartos prefabricados, cuevas, habitaciones en azoteas o garajes.

Chabolas en barrancos del sur de Gran Canaria donde la pobreza se esconde, otras en ciudades visibles como las del barrio de La Charca en Arguineguín o el camping cercano a la playa, barracas en Vecindario, cuevas en las lomas de la capital grancanaria o de camino al norte de la Isla y zonas como la mencionada del Pancho Camurria en Tenerife ponen de manifiesto la pobreza severa en el Archipiélago, con personas que reciben alimentos semanal o mensualmente a través del voluntariado o que van a comedores sociales.

La falta de vivienda es un factor clave en las dinámicas de exclusión social. Quizá el mayor, unido a las adicciones de alcohol y droga o a los trastornos mentales. En Canarias el 68,1% de las personas en exclusión severa se encuentran afectadas por esta situación. Algunos de los indicadores más destacados son: 105.000 hogares sufren situaciones de insalubridad; 59.000 tienen personas con discapacidad y con barreras arquitectónicas; 25.000 cuentan con deficiencias graves en la construcción y, entre otros, 19.000 presentan situaciones de hacinamiento.

El desempleo, la precariedad laboral o los bajos sueldos son circunstancias que, lógicamente, propician esta situación de vulnerabilidad. La pobreza tiene muchas caras pero la mayor se encuentra de puertas para adentro en Canarias. Los salarios no llegan para sufragar los altísimos alquileres o las hipotecas, comer y pagar el agua y la luz, elementos básicos para vivir. El 20,4% de las personas que trabajan están en exclusión social en Canarias, es decir, viven en situación de pobreza. Las mayores tasas se siguen concentrando en los parados, de modo que el 75,3% de las personas sin empleo en Canarias se encuentran en el espacio de exclusión y el 62,2% en exclusión severa. Aunque se dan ayudas, los datos muestran que 6.400 unidades de convivencia son beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). El Gobierno quiere ampliar la ayuda a 15.000 unidades y evolucionar este subsidio hacia una renta ciudadana para colectivos vulnerables, entre ellos las personas con pensiones no contributivas. Solo un 3,4% de la población en exclusión percibe una prestación mínima. En dependencia, la situación es exasperante, dicho por el Gobierno entrante que se ha encontrado con expedientes sin valorar desde hace años, sin medios humanos y sin programas informáticos que lleven los historiales de las personas. Más de 9.000 beneficiarios están a la espera de recibir la ayuda. A ello se une una otra preocupante situación: en Canarias 190.000 personas mayores viven solas, más de 60.000 superan los 65 años y, de ellas, 40.000 son mujeres, lo que supone más probabilidad de pobreza y exclusión social, más vulnerabilidad y empeoramiento de la salud.

El relator de la ONU lo ha dejado claro: o se actúa contra la pobreza o habrá protestas porque el malestar es incontrolable, y tiene una esperanza en el nuevo Gobierno de España del PSOE y Podemos porque, dice, al menos hablan de la pobreza, la España vaciada y los desahucios. En canarias también lo están haciendo.