El Consejo de Ministros aprobó esta semana la tasa Tobin, un gravamen sobre la compraventa de acciones con el que el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros que destinará al pago de las pensiones. Alrededor de 4.000 millones de euros es la cantidad que los canarios tienen expuesta a los efectos de esta medida del Ejecutivo. Dicha suma es la que tienen colocada en fondos de inversión o de pensiones de composición mixta -renta fija y variable- o totalmente variable. El tipo del 0,2% se aplicará sobre la adquisición de acciones de empresas cotizadas que cuentan con una capitalización bursátil de más de 1.000 millones de euros. Esta característica la cumplen la práctica totalidad de las sociedades que integran el IBEX 35.

Los datos recogidos por la patronal Inverco señalan que en 2018 existían un total de 217.735 partícipes isleños -no se corresponden con personas, porque una sola puede tener presencia en varios de estos vehículos de inversión- en fondos con un total de 4.520 millones de euros expuestos a la tasa Tobin, 2.214,8 millones en mixtos y 411,32 millones en renta variable pura. En planes de pensiones invertían -es más lógico, aunque no exacto, pensar en uno por persona- 316.255 canarios. De ellos, 181.214 con la estrategia de mezclar renta fija y variable hasta un total de 1.157 millones de euros. Otros 22.138 ahorradores para su jubilación se decantan por vehículos integrados únicamente por títulos de renta variable y suman 141,4 millones de euros.

El manager director de Gladia Capital, Sony Gamwani, tiene claro que tanto "banca como brókeres van a repercutir a los clientes" el sobrecoste que les va a suponer el gravamen. Además, incluye la derivada del temor que conlleva cualquier operación. "Si cuando alguien invierte su dinero tiene la lógica inquietud de saber si obtendrá un beneficio o habrá una pérdida, esta tasa no hará sino alimentarla", expone. En consecuencia, "más de una operación se frenará" e, incluso, se "perjudicará la transparencia del mercado, porque aumentará el número de quienes operen por fuera" de este.

Una medida inapropiada

"No estoy a favor de la tasa Tobin", concluye el manager director de Gladia Capital y coincide plenamente en ello con Manuel Hernández, socio director de Tressis: "No lo creo apropiado, va a afectar a la liquidez del mercado". Hernández recuerda que en torno al 50 por ciento de los títulos que se comercializan en España están en manos de tomadores extranjeros, "que se pueden pensar si deshacen posiciones en busca de mercados internacionales en los que no se les cobre esta tasa". Ahí radica el mayor problema que, a priori, encuentran a esta iniciativa la totalidad de los consultados. Un trasiego de capitales de dimensión considerable se traduciría en la lógica pérdida de liquidez.

Jorge Coello, director de Oficina Financiera de Mapfre, también estima que este 0,2% sobre la compraventa de títulos "puede hacer que el inversor se decante por otros mercados internacionales". La merma del capital global que se negocia se traduce, advierte, "en un incremento de la volatilidad. El año pasado, la liquidez cayó un 15%", recalca. Cuanto menores son las cantidades totales, mayor es el impacto relativo -o porcentual- de las variaciones que experimentan. Los bandazos severos ahuyentan a los inversores. Con menos dinero en circulación y un contexto poco propicio para que el flujo de capital sea continuo e intenso, "quizá tampoco consigan los 850 millones de euros", afirma Coello, que en cualquier caso recomienda "dejar en manos de profesionales" la gestión de los ahorros para evitar sorpresas desagradables.

No obstante, la iniciativa alumbrada por el Gobierno de Pedro Sánchez no es pionera. De hecho, se inspira en las que pusieron en marcha Francia (0,3%) en 2012 y, un año después, Italia (0,2%). También Reino Unido grava las transacciones con un 0,5% a través del Stamp Duty Reserve Tax, conocido en el argot como Impuesto de la Reina. Además, la tasa Tobin española prácticamente calca la propuesta que el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, remitió el pasado diciembre a sus homólogos de diez países de la Eurozona -España entre ellos- para desterrar la competencia a la hora de captar inversores. Precisamente recogía un tipo del 0,2% y solo para las compañías cuya capitalización bursátil se sitúe por encima de los 1.000 millones de euros.