Envejecimiento, despoblación, ausencia de oportunidades laborales y falta de servicios agravada por la dispersión de la población. Estos son algunos de los problemas interconectados que detectan en su entorno los vecinos del municipio rural de Monfero, en La Coruña, y que le transmitieron al relator sobre extrema pobreza y derechos humanos de la ONU que recaló en España semanas atrás, Philip Alston, en su visita al municipio el 28 de enero.

En 1981, Monfero tenía 3.587 habitantes. El año pasado la cifra había disminuido a 1.932, según el Instituto Galego de Estadística (IGE). En el 2018 hubo siete nacimientos y 46 fallecimientos. Un total de 666 vecinos, el 34,5%, tienen 65 años o más. Según la trabajadora social del Ayuntamiento de Monfero, María del Carmen Sieiro, presente en la reunión con Alston, esto genera riesgo de exclusión social. "Cada vez hay más personas mayores cuya familia se desplazó a las ciudades para buscar trabajo y que se han quedado solas", señala.

Esto genera un "aislamiento social": mayores que apenas salen de casa o ven a otras personas, con dificultades para acceder a los servicios. Si tienen familia, las mujeres asumen sistemáticamente las labores de cuidado. El presidente de la Asociación de Nais e Pais (Anpa) del colegio Virxe da Cela, Jorge Pena, que también acudió a la reunión, demanda una mejor asistencia sanitaria para los mayores, a lo que Sieiro añade servicios de atención a la dependencia y dinamización rural.

El Virxe da Cela es el único centro educativo de Monfero y da servicio a alumnos del vecino municipio de Irixoa. Da infantil, primaria y secundaria, pero para cursar bachillerato los jóvenes tienen que ir a otras localidades.

La dispersión poblacional, según la jefa de estudios de secundaria, Rosalía Regueiro, también presente en el encuentro con Alston, es lo que "más afecta" a los alumnos. Monfero tiene 171 kilómetros cuadrados y sus vecinos se distribuyen en decenas de pequeñas aldeas y núcleos. Tras la jornada lectiva, a algunos alumnos les esperan 45 minutos de guagua antes de llegar a sus hogares.

Falta de transporte público

Hay núcleos con solo una familia con hijos menores, por lo que "la sociabilidad de estos niños es el colegio", señala Regueiro. La situación se agrava, afirma Sieiro, por la "falta de transporte público". Desde el colegio intentan suplir la "escasez de oportunidades de ocio y de actividades", pero Pena señala que los niños tienen que desplazarse "10 o 15 kilómetros para cursar informática o inglés". En el último año con datos del municipio, el 2016, el PIB por habitante en Monfero fue de 16.954 euros, el 70,7% de la media nacional. "Cualquier persona que vaya a vivir al mundo rural tiene que aceptar que su renta va a bajar", afirma Pena.

Sin embargo, apenas hay pobreza extrema. Sieiro, que tiene experiencia trabajando en ciudades, señala que en Monfero hay "muy pocas personas que pidan prestaciones de supervivencia". Muchas familias cuentan con parientes mayores que tienen pensiones, casas en propiedad y tierras donde cultivar.

La demanda de trabajo se centra en los cuidados, el sector forestal y los servicios, según la orientadora laboral del Ayuntamiento de Irixoa, Úrsula de la Torre, que atiende a los vecinos de Monfero y de otros municipios sin servicio propio. En el 2019 había 57 desempleados en Monfero, y las personas con más dificultades de inserción son jóvenes sin formación, parados de larga duración y mayores de 45 años. Sieiro considera que en esta franja de edad hay personas con poca formación, y con experiencia, en el caso de las mujeres en atención sociosanitaria, y en el de los hombres, en construcción y agricultura. En general, afirma, hay pesimismo: no creen que haya salidas laborales en su entorno.

Una percepción que comparten los más jóvenes, afirma Regueiro, cuando los profesores les orientan hacia una carrera o un ciclo formativo. "Se dan cuenta de que para todas esas opciones tendrían que ir fuera, y que el mundo laboral que les espera no está aquí". Conseguir que se puedan quedar, señala Regueiro, "solo puede hacerse bajo el paraguas de la Administración".

Pena, economista de profesión, cree que es necesario adaptar la normativa a la realidad del campo, rebajando la cuota de autónomos o las condiciones técnicas necesarias para realizar proyectos de emprendeduría en suelo rural. "No pedimos ayudas como cuidados paliativos", afirma, "sino los mismos derechos y oportunidades que tiene todo el mundo: educación, sanidad y justicia".

El acceso a la tecnología

Otro problema es el acceso a la tecnología. La cobertura telefónica "es nula", señala Regueiro. Se precisa internet para trámites administrativos o buscar trabajo, pero muchas personas tienen dificultades para acceder a un punto desde el que conectarse o, como les pasa a los mayores, no saben cómo hacerlo.