La Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife instó ayer al Gobierno de Canarias a ser "firme" con el Ejecutivo estatal en el traspaso de competencias al Archipiélago, "especialmente las de costas". La patronal hotelera recordó, en un comunicado de prensa, que ha pasado más de un año desde que Canarias asumiera competencias en varias materias, entre ellas en ordenación y gestión del litoral. El presidente de la patronal hotelera tinerfeña, Jorge Marichal, lamentó la "nula complicidad" con las Islas que hasta la fecha ha demostrado la Dirección General de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que "no entiende que en Canarias vivimos del turismo".

En este sentido, son varios los proyectos fundamentales para un desarrollo sostenible del turismo y de la costa, entre ellos, varias mejoras en playas existentes, otras de carácter artificial, puertos y marinas deportivas y otras propuestas públicas y privadas. En el caso concreto de Tenerife, continúan paralizados proyectos de gran interés como la Playa de Martiánez o la marina deportiva de Puerto de la Cruz. También en el sur de Tenerife, las playas de Los Tarajales (Arona), Las Salinas (Guía de Isora) o San Salvador y San Blas (San Miguel), entre otras.

Asimismo, mejoras necesarias en playas turísticas ya existentes, como El Camisón o Fañabé, con proyectos privados presentados hace ya dos años, siguen a la espera. Marichal apunta que desde el sector turístico se desconocen los motivos de esta paralización, pero indica que "es evidente la falta de personal técnico en la Dirección provincial de Costas". "No conocemos qué inversiones tiene previstas el Ministerio y la Dirección General en Tenerife", añade.

Ya Ashotel ha solicitado en varias ocasiones que Canarias asumiera esas competencias, desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Canarias el pasado 6 de noviembre de 2018, en cuyo artículo 157 se recoge precisamente "la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público", según reza el citado artículo.