Veinte páginas de terrible vergüenza. Esta podría ser la principal conclusión del informe que confeccionó Philip Alston, relator de la ONU sobre extrema pobreza, tras su paso por España a principios de este mes. El experto australiano, especialista en derechos humanos, recorrió ese país que no sale en las guías turísticas. "Visité zonas que muchos españoles no reconocerían como parte de su país. Barrios con condiciones mucho peores que un campo de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento durante años", detalla en su análisis. Una visita que él mismo resolvió en un titular: "España ha salido de la crisis gobernando para los ricos y abandonando a los pobres".

Desde el año 2014, el relator ha recorrido Chile, Rumanía, Mauritania, China, Arabia Saudí, Estados Unidos, el Reino Unido, Ghana, Laos y Malasia. A principios del 2019 decidió que su último viaje mientras ocupaba el cargo lo haría por España. Ha estado un año entero recogiendo estadísticas, consciente de que necesitaba también un baño de realidad. El experto visitó seis comunidades autónomas y varios pueblos. Pisó chabolas, aldeas y barrios deprimidos durante su visita.

El 7 de febrero, Alston emitió su veredicto. Las políticas sociales en este país están "quebradas" y son "ineficientes", la pobreza no ha hecho más que aumentar y todo ello ha sucedido "con el beneplácito de los gobernantes"" sería el breve resumen de su experiencia. El texto apunta directamente a las iniciativas del Partido Popular (PP) durante los dos mandatos de Mariano Rajoy. Alston esperaba encontrar un país donde el apoyo familiar resiste a la exclusión. "La España de hoy necesita mirarse bien de cerca al espejo. La imagen de una sociedad familiar arraigada se ha fracturado. Las redes familiares que habían sido históricamente importantes han sido socavadas para la mayoría. Hoy, España está en el fondo de la UE en demasiados indicadores sociales", subraya.

Datos escalofriantes

Los datos que aporta el informe son escalofriantes: la España poscrisis registra más pobreza y exclusión, más paro y más abandono escolar, mientras que los ricos cada vez tienen más dinero y pagan menos impuestos. ¿Hay alguien al mando? "El Gobierno de coalición es bienvenido, pero es hora de abandonar la retórica", expone.

Las conclusiones del relator apuntan en varias direcciones. Habla de unos servicios sociales "colapsados por la burocracia" y de unas ayudas sociales insuficientes, y critica que en la España rural los residentes sufran la falta de servicios de todo tipo. La segregación escolar acapara gran parte del informe, en el que relata la injusticia de que haya familias que no puedan pagar los libros de texto de sus hijos.

Bofetón a la sanidad

El sistema sanitario, uno de los mejor valorados, también recibe un bofetón cuando el relator menciona la pobreza farmacéutica y una privatización de servicios públicos sobre la que el propio ministerio "no pudo decir cuánto se había privatizado y ni qué impacto había tenido".

Como colectivos más vulnerables, Alston señala a las mujeres, especialmente a aquellas que han sufrido violencia machista y las que se dedican al trabajo doméstico. También dedica un espacio importante a los inmigrantes, "excluidos de cualquier ayuda", y a las personas de etnia romaní, grupos donde las tasas de pobreza se disparan.

"Los gobernantes admiten que la situación es grave, pero me llamó la atención la falta de urgencia y la resignación con la que aceptaron que partes enteras de la población hayan sido relegadas a un estado de tercera clase", expone Alston en su relato para Naciones Unidas. Uno de los apartados más extensos del informe se dedica al problema de la vivienda. "En España no hay casas baratas", concluye tras señalar la especulación inmobiliaria, el ingente número de desahucios y el aumento del 50% del precio del alquiler. También denuncia el drama que supone que "las familias tengan que decidir si comen o si ponen la calefacción".

Por no hablar del problema de las personas sin hogar, la dificultad para empadronarse y el hecho de que los gobernantes, especialmente de las comunidades autónomas, "no están afrontando" el problema. La solución que plantea el relator es acabar con el fraude fiscal, que el propio Gobierno no le supo cuantificar. Aboga también por poner fin a las deducciones de impuestos de las rentas altas. Y aconseja abordar de forma urgente el tema de la vivienda. El plan nacional prevé construir 20.000 viviendas de protección social en cuatro años, pero el relator apuesta por regular los precios de los alquileres. Señala asimismo que la ley catalana contra la pobreza energética es "un paso en la buena dirección" y afirma que el Estado debería establecer una renta mínima para toda la población.