La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno autonómico y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) mantuvieron ayer un primer encuentro para tratar de solucionar el problema que supone la contaminación por plásticos como consecuencia de los invernaderos abandonados que proliferan en algunas zonas del Archipiélago. La reunión sirvió para poner las bases de una estrategia conjunta a la que ambas administraciones pretenden sumar a los cabildos, La Consejería hará la primera contribución mediante una serie de inspecciones y la elaboración de un inventario de invernaderos en el que se recoja toda la información relativa a estas instalaciones agrícolas. Este documento será luego trasladado a los ayuntamientos.

Los invernaderos en estado de abandono constituyen el principal origen de los microplásticos que terminan en el océano en las Islas tras desintegrarse por efecto del sol, una situación que ha dado lugar, incluso, a varias denuncias formuladas por la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos (SAO). Además, estos materiales acaban a menudo en el subsuelo, generando un segundo tipo de agresión al medio ambiente, a la que se une el impacto paisajístico que provocan.

En el encuentro celebrado ayer participaron el consejero canario de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena; la presidenta de la Fecam, Mari Brito, alcaldesa de Candelaria; y el presidente de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Transición Ecológica de la federación municipalista, Ignacio Rodríguez, regidor de La Matanza de Acentejo. Los representantes del Ejecutivo y de la Fecam acordaron que, una vez confeccionado y remitido a los consistorios el inventario de invernaderos, las corporaciones locales deberán requerir a sus propietarios la retirada de los residuos plásticos y su traslado a los complejos ambientales. Al mismo tiempo, los ayuntamientos negociarán con gestores especializados la utilización de los desechos para su tratamiento, orientado a la fabricación de combustible.

Los planes que han comenzado a trazar el Gobierno y los municipios incluyen también la realización de campañas de concienciación dirigidas a los profesionales del sector agrario. Asimismo, las consejerías de Transición Ecológica y Agricultura analizarán la posiblidad de que los propietarios de los invernaderos puedan beneficiarse de algún tipo de ayudas, condicionadas al estado de conservación de sus instalaciones.

Los invernaderos están especialmente presentes en la zona sur de las islas capitalinas. En Gran Canaria, en concreto, el retroceso que ha experimentado el cultivo del tomate -de 2.500 a 600 hectáreas en la última década- explica el abandono en el que se encuentran muchas de estas instalaciones. Los oceanógrafos recuerdan en sus denuncias que la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, aprobada en 2017, establece la obligación de que los titulares de invernaderos "en situación de manifiesto deterioro de sus elementos de cubrición o estructura" y que generen riesgo de dispersión de residuos o de impacto visual "deberán corregir esas anomalías para que se mantengan en las condiciones adecuadas de seguridad y aspecto o, en su defecto, desmontarlos".

Amparándose en la norma autonómica, la SAO exige que se apliquen las sanciones con las que la ley castiga estas situaciones y reclama a los ayuntamientos que ordenen el desmantelamiento de estas instalaciones o los retiren ellos mismos mediante el procedimiento administrativo de ejecución subsidiaria.

Más allá de la necesidad de actuar en el corto plazo, la Consejería de Transición Ecológica maneja un proyecto, aún en fase embrionaria, dirigido a convertir los invernaderos en centros fotovoltaicos -siempre vinculados a la producción agraria-, lo que haría innecesario el uso de plástico. La iniciativa requiere, precisamente, la revisión de la Ley del Suelo.