Las multinacionales y los fondos de inversión ya han metido la cabeza en el sector primario del Archipiélago. Aunque algo más tarde que en otras regiones del país, como Murcia o Extremadura, las grandes firmas transnacionales y los vehículos de inversión han comenzado a adquirir fincas y explotaciones también en las Islas. Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias) hacen hincapié en que se trata fundamentalmente de grandes empresas que compran las explotaciones de profesionales del sector que no pueden seguir manteniendo la actividad en las actuales circunstancias. La baja rentabilidad de los productos del campo los obliga a traspasar la propiedad a estas multinacionales o fondos de inversión que sí tienen el músculo financiero suficiente para invertir, modernizar la explotación e incluso resistir en números rojos hasta empezar a sacar rédito a la finca.

El presidente de COAG-Canarias, Rafael Hernández, que precisamente ayer anunció junto a su homóloga de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga-Asaja), Ángela Delgado, la manifestación que tendrá lugar el próximo día 14 en Santa Cruz de Tenerife para protestar por la precariedad que está sufriendo el sector primario, avanzó en la rueda de prensa que se está produciendo un "cambio profundo" con la irrupción de las multinacionales.

Una realidad incipiente

Aunque Hernández puntualizó después en conversación con este diario que de momento se trata de una realidad incipiente, no es menos cierto que ya hay preocupación. No en vano, el campo canario camina hacia una progresiva sustitución de la clásica figura del agricultor o ganadero por la del trabajador a expensas de grandes empresas. Empresas que, además, en muchos casos caen en el sector agrario desde otras actividades. "Y esto no es bueno para Canarias", subrayó el representante de la COAG.

Hernández detalló que en muchas de las operaciones que han protagonizado multinacionales o fondos de inversión el agricultor o ganadero propietario de la finca o la explotación pasa a convertirse en asalariado de la empresa. "Por eso digo que lo que se está produciendo es un cambio de modelo", enfatizó el presidente de la organización agraria, que ahondó en que se han dado operaciones de este tipo en general en todas las islas y en distintos cultivos. Incluso en explotaciones ganaderas, agregó.

En esta situación subyace, tal como insistieron Hernández y Delgado, a quienes acompañó el presidente de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Mario Escuela, la cada vez menor renta que obtienen los profesionales del campo por su trabajo. La "asfixia" que sufren muchos propietarios para poder mantener sus huertas o su finca propicia que los fondos de inversión echen sus redes sobre las explotaciones. Si los agricultores y ganaderos obtuviesen rentas dignas, muchos de estos cambios de propiedad en beneficio de grandes firmas transnacionales no se habrían producido. Hernández, Delgado y Escuela detallaron que esta es la reclamación que guiará las protestas del 14 de marzo, que será solo la primera acción de un calendario que continuará en Las Palmas de Gran Canaria y que tendrá más medidas de presión. "Se acabó el meterle la mano en el bolsillo a los agricultores", denunció el presidente de la COAG, que dijo tener constancia de que hay cierto "nerviosismo" entre los intermediarios y "los señores de los supermercados", a quienes responsabilizó en parte -no a todos, dijo que hay excepciones- de la escasa renta que recibe el agricultor o ganadero por su esfuerzo frente a lo que finalmente acaba pagando el consumidor.

El campo canario, a la calle

El campo canario se sumará así a las protestas que en las últimas semanas vienen sucediéndose por todo el país (también en Francia) ante la caída de la rentabilidad y la competitividad del sector primario. "Ya no aguantamos más, los precios en muchos casos se mantienen igual que hace treinta años y, por contra, los costes de producción no han hecho sino aumentar", ahondó Ángela Delgado.

La intención de las organizaciones agrícolas y ganaderas es que los gobiernos escuchen alto y claro las reivindicaciones y que se adopten medidas. La primera la aplicación estricta de la Ley de calidad agroalimentaria, que entre otras cosas prohíbe la venta a pérdidas y establece que el agricultor no cobrará más allá de 30 días. Además, piden acabar con los descuentos abusivos o artificiales que dañan al sector. Los tres representantes de la COAG, Asaga y UPA también se detuvieron en la importancia de que las instituciones tengan en cuenta las particularidades del sector primario insular, donde "un gran agricultor equivale a un pequeño agricultor de la Península", recordó la presidente de Asaga-Asaja.