Con los retrasos que acumula la reforma universitaria, ¿cree que en algún momento ha sido una prioridad en la agenda política?

La reforma del sistema educativo en general, y concretamente de las universidades, es la gran asignatura pendiente de la agenda política y de la sociedad española. Es absolutamente inaceptable que a estas alturas no hayamos sido capaces de hacer con generosidad y valentía un pacto de Estado para conseguir una nueva ley orgánica universitaria capaz de superar estas deficiencias que todos vemos que tienen las universidades públicas. La nueva ley es necesaria para hacer frente a los retos del siglo XXI en un mundo global y competitivo. Vamos a decirlo de otra manera: que no se haga política con la educación ni con las universidades. Cuando se hace política con ellas, se hace política a costa de la educación y de las universidades. Eso es gravísimo.

Teniendo en cuenta todos los condicionantes -tanto políticos, económicos como la propia situación interna de los centros universitarios-, ¿las universidades públicas son más bien víctimas o culpables de sus males?

Son más víctimas que culpables de su situación actual. La universidad no es de los que trabajan en ella, es de la sociedad que la financia mayoritariamente con impuestos. El mérito de lo que aporta la universidad es de la sociedad. El demérito, también. Pretender que la universidad se autorreforme a sí misma, sin tener detrás un factor de competitividad del mercado como es el caso de las empresas privadas, es utopía. Hagamos también un poco de autocrítica. Todavía hay una excesiva resistencia por parte de las universidades hacia el cambio. Pero es que toda organización genera resistencia al cambio. Pero insisto, mucho más víctima que culpable porque la responsabilidad es de la sociedad.