14 de febrero de 2020
14.02.2020

La licitación de obra pública en Canarias sufre su primer retroceso en siete años

El importe destinado a concursos baja en 33 millones pese a la mayor contribución del Gobierno regional

13.02.2020 | 19:52
Obras de canalización del barranco de Martiánez, en el Puerto de la Cruz.

La recuperación que experimentaba la obra pública desde el año 2013, después de la profunda caída que sufrió durante la crisis, se ha interrumpido de golpe. Las diferentes administraciones destinaron el año pasado 964,7 millones de euros a concursos de edificación u obra civil en Canarias, 33,1 millones menos que en 2018, y ello pese a que el Gobierno regional elevó su aportación en más de un 28%, según los datos de Seopan, la patronal nacional de las grandes constructoras.

El descenso se cifra, en términos relativos, en el 3,3% y contrasta con el incremento de casi el 12% -11,8%- que experimenta el conjunto de las comunidades autónomas. Las licitaciones habían protagonizado en el Archipiélago un aumento sostenido y, en algunos ejercicios, muy notable. El mayor de ellos se produjo, precisamente, en 2018 -justo antes de que se detuviera la progresión-, cuando las cantidades invertidas en obra pública presentaron una subida del 72%.

El retroceso no coge por sorpresa a las dos patronales canarias de la construcción, Fepeco (Santa Cruz de Tenerife) y AECP (Las Palmas), que ya apreciaban un cierto declive de las cuantías destinadas a la ejecución de infraestructuras y edificaciones de carácter público y advierten de que la situación empieza a tener repercusiones negativas sobre el empleo. Los 51.600 afiliados a la Seguridad Social al final del año son unos 1.200 menos que un año atrás. El peso del empleo en las actividades constructivas lo soporta Las Palmas, con 2.100 cotizantes más que Santa Cruz de Tenerife.

"Hay una estabilización del sector; está en encefalograma plano", constata el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo, quien, no obstante, confía en que este parón sea solo el momento previo a la puesta en marcha de varias actuaciones que aún se encuentran en fase de elaboración de proyecto. "Se empezará a notar en uno o dos años", pronostica. Entretanto, a juicio del dirigente empresarial, "peligra la supervivencia de muchas empresas", que se enfrentan a "un momento muy delicado".

Su homóloga en la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores (AECP), María de la Salud Gil, entiende que por delante se presentan dos años "muy comprometidos para el sector en particular y la economía canaria en general". Para afrontarlos, Gil destaca la importancia de poner en marcha el plan de vivienda anunciado por el Gobierno regional. "Eso puede permitir aguantar a la construcción y a la economía durante tres o cuatro años", sostiene. Izquierdo también incide en la importancia de "una política pública de vivienda y una política de vivienda pública" para reactivar la construcción y elevar su contribución a la generación de puestos de trabajo, así como para "dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos".

Solo dos comunidades autónomas -País Vasco y Cantabria-, además de la ciudad autónoma de Ceuta, habían recortado en 2018 el importe de sus licitaciones públicas. En 2019 fueron seis las regiones -más, de nuevo, la ciudad ubicada en el continente africano- que presentaron un descenso de su obra pública, encabezadas por La Rioja, donde la caída se situó en el 68,5%. Canarias es, tras la Comunidad Valenciana (-1,5%), el territorio que protagoniza la mengua más modesta de sus concursos de obras.

Las estadísticas de Seopan no permiten saber en qué medida han contribuido la Administración del Estado y las corporaciones locales e insulares a las licitaciones públicas en cada una de las comunidades autónomas -esos datos se conocerán en unos meses-, aunque sí la de los gobiernos regionales. Diez ejecutivos autonómicos elevaron sus presupuestos en esta materia, sustentando un aumento global del 47,7%; el que más, el de Navarra, que casi los triplicó -un 176% más-; el que menos, la Junta de Castilla y León, que los incrementó un 15%. Canarias, con el citado 28,4%, se sitúa justo por delante del gobierno castellanoleonés en el grupo de los que menos subieron la cuantía de sus concursos durante el pasado año. Los 393,5 millones con los que contribuyó el Ejecutivo canario suponen el 40% del total licitado en el Archipiélago.

En el conjunto del país, el Estado aportó 6.342,9 millones, un 17% más que en 2018, mientras que las administraciones locales invirtieron 6.043,6 millones, un 13,8% menos.

El Anillo "no es la panacea"


La patronal de Las Palmas ha hecho su propio seguimiento de la evolución de la licitación pública en Canarias y, aunque sus datos se detienen en noviembre, calcula que, por primera vez desde que se inició la recuperación, bajaron los concursos de los ayuntamientos y cabildos -un 8,6%-, lo que Salud Gil considera "sorprendente", dado que son las corporaciones locales "las que han mantenido el equilibrio de la licitación público en los últimos quince años". Hasta el undécimo mes de 2019, la Administración del Estado había recortado su aportación un 34%, mientras que, según los datos de AECP, el crecimiento de la Administración autonómica obedece, sobre todo, a la licitación del cierre del Anillo Insular de Tenerife por el Sur. "Lo que ha pasado en Tenerife no es la panacea. Es una obra que se ejecuta durante muchos años y da un efecto estadístico que no es cierto", avisa la presidenta de la asociación, que alerta de una reducción en la provincia oriental del 88,6% a lo largo del año pasado.

Aunque ambas patronales coinciden en el diagnóstico general, difieren en algunos aspectos. Es el caso del retraso en la ejecución de los convenios de carreteras con el Estado, que para Gil es "fundamental", en tanto que Izquierdo aconseja no "mirar fuera" y pone el foco en la actuación de las instituciones isleñas. "El problema -argumenta- lo hemos tenido en Canarias. No hemos sido capaces de tener los proyectos". La presidenta de AECP apunta también a la discusión sobre el destino del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) como hipótesis para la disminución de las obras licitadas por cabildos y consistorios.

El dirigente empresarial tinerfeño mira a las administraciones locales cuando busca explicaciones para la ralentización de las obras. El "colapso" que, a su juicio, padecen las oficinas técnicas municipales y las gerencias de urbanismo está detrás de esta situación, asegura Izquierdo. Por su parte, Salud Gil critica la tardanza en aplicar la nueva Ley de Contratos del Sector Público, vigente desde marzo de 2018. "En lugar de estudiarla, han esperado al último minuto", lamenta.

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