El español que más dinero debe Hacienda, acusado por fraude fiscal en 2009, ha declarado que no es "un defraudador", si bien ese año hizo muchas "barbaridades" debido a su estado de "profunda depresión" causado por "la Agencia Tributaria", que le ha "triturado".

La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado este jueves el juicio al empresario Agapito García Sánchez, quien figura en el primer puesto de la lista de morosos de Hacienda de 2018 y que se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de prisión y al pago de 4.749.547,23 euros y a una indemnización al erario público de un millón y medio de euros en concepto de responsabilidad civil.

En su declaración, con el micrófono en la mano, tras afirmar que no es un "defraudador" y está aquí "para demostrarlo", ha acusado a la Agencia Tributaria de ser "arbitraria", de llevar 30 años persiguiéndole y de retorcer la legalidad. "Para mí, la Agencia Tributaria no tiene ninguna credibilidad", ha respondido ante las preguntas de la Fiscal.

El acusado ha explicado que su declaración de la renta de 2009 la hizo un asesor "porque era un tanto compleja" y que todo fue "lícito", aunque en esa época llevaba un tiempo "enfermo" y no tenía capacidad para gestionar nada. "El médico me prohibía, me dijo que no tomara ninguna decisión", ha detallado.

"La Agencia Tributaria me ha triturado", ha declarado el acusado, quien ha insistido en su inocencia. Antes, en declaraciones a los medios, ha aseverado: "Es voraz, brutal, devora al ciudadano”.

El Ministerio Público en su escrito de acusación se refiere en cuatro apartados al fraude por el que han sido preguntados los testigos y el acusado.

El primero alude a la venta el 7 de abril de 2009 de 359.999 acciones de la sociedad Inversiones Intermarkets Sicav por un importe de 4.112.078,88 euros, con lo que registró un incremento patrimonial de 512.083,88 euros.

Estas acciones eran propiedad de Agapito García, ya que él mismo las había transmitido desde su sociedad PM-ADS en el momento en que se extinguió en 2007, según la Fiscalía.

La venta fue realizada por orden del empresario a la Agencia de Valores M&G, que a su vez la transmitió al Banco de Santander, que procedió a la venta y a la liquidación correspondiente, según el relato fiscal, que detalla que además, pocos días antes de la orden de venta, se realizaron nueve extracciones de efectivo de Banif firmadas por Agapito García por un total de 3.900.000 euros.

Fue precisamente en dicha cuenta donde un día más tarde de la venta -el 8 de abril de 2009- se ingresaron 4.112.073.78 euros derivados de la acciones de la Sicav. El segundo apartado del escrito de acusación se centra en un préstamo que percibió el acusado en 2009 de su sociedad Mirador de la Dehesa S.L. y que ascendía a 2.663.500 euros.

El crédito fue cedido por Mirador de la Dehesa S.L. a Inver PM S.L., de la que es socio único Agapito García y, según la Fiscalía, debió integrarse en la base imponible del IRPF.

El tercer motivo que recoge la acusación argumenta que mediante un contrato suscrito el 6 de noviembre de 2009 entre Agapito García y otro profesional, Juan Luis Rivero, se estableció que el acusado comenzara a percibir 15.000 euros mensuales desde el 1 de septiembre a través de cuatro sociedades de las que era accionista único. Y asegura que esos 60.000 euros debían ser imputados a la base imponible del IRPF de 2009.

Por último, la Fiscalía subraya que tres sociedades que en 2009 formaban parte del grupo en que Agapito García era accionista mayoritario (Mirador de la Dehesa, Inver PM y Valores Pirineos 2 S), realizaron una serie de cesiones de créditos compensados con deudas que estaban registradas en la cuenta "Desembolsos pendientes sobre acciones". En la práctica, según la Fiscalía, se produjo una condonación de deuda a Agapito García.