Únicamente tres comunidades autónomas serían capaces de seguir pagando las pensiones a sus ciudadanos si se rompiera el actual sistema de caja única. Y una de ellas es Canarias, que con Madrid y Baleares forma el selecto grupo de regiones que podrían autofinanciarse para pagar a sus jubilados y demás pensionistas. Es decir, que les bastarían sus propios recursos para pagar la nómina mensual sin incurrir en déficit. Eso sí, la viabilidad de un eventual sistema de pensiones canario es el resultado de una foto fija con el actual número de trabajadores que pagan mensualmente sus cotizaciones sociales, del actual número de pensionistas y del actual importe de las pensiones, que están entre las más bajas del país.

El País Vasco quiere aprovechar la aparente predisposición del Gobierno del PSOE y Podemos para hacerse con las competencias en la gestión de la Seguridad Social. El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ya ha establecido una hoja de ruta para ir materializando los sucesivos traspasos de competencias a Euskadi, y el de la gestión de la Seguridad Social es uno de los más controvertidos. No son pocas las voces que han avisado que este sería el primer paso para romper el sistema de caja única en el pago de las pensiones públicas. Hay que recordar que la caja única es la fórmula en virtud de la cual la recaudación por las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores va a un saco común -de ahí su nombre, caja única- con independencia de dónde se abonen. Da igual que se ingrese más de los trabajadores y empresas vascas que de las canarias o extremeñas; todo va al mismo saco para financiar las pensiones públicas de todos los ciudadanos españoles sin más distinción que la que impone la carrera laboral y los años cotizados de cada persona. Romper la caja única supondría entonces que con lo que se ingrese en Extremadura se pagaría a los extremeños; con lo de la Comunidad Valenciana, a los valencianos; y con lo de La Rioja, por ejemplo, a los riojanos. Una fórmula que, aunque defendida desde determinados sectores nacionalistas, sería una mala noticia para la mayor parte de las autonomías, cuando no todas.

Así lo pone de manifiesto el último informe del Laboratorio de Análisis de Políticas Públicas (IvieLab), una institución que surge de la colaboración entre la Generalitat valenciana y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). El IvieLab detalla que solo Madrid, Baleares y Canarias presentan un "saldo contributivo" positivo. Este saldo contributivo es la diferencia entre los ingresos y gastos de la Seguridad Social en cada una de las comunidades autónomas. En el caso del Archipiélago, los ingresos, básicamente las cotizaciones sociales, superarían a los gastos, esto es, a la nómina de las pensiones, en el equivalente a un 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) regional, que asciende a alrededor de 46.000 millones de euros. En Madrid el saldo positivo llegaría al 1%, y en Baleares, al 1,6%. Eso a partir de las cifras de 2016; con las correspondientes a 2018, y según ha avanzado el diario especializado El Economista, el superávit de la eventual Seguridad Social Canaria sería de hasta un 1,5% de su PIB.

Se da así la circunstancia de que incluso el País Vasco, que justamente es la región que introdujo en su Estatuto la demanda de la gestión de la Seguridad Social, no tendría suficiencia para el pago de las pensiones. Hay que puntualizar que los cálculos sobre la sostenibilidad de los sistemas individualizados, es decir, sin caja única, parten de la hipótesis de que existiría un organismo público plenamente autónomo en cada región, algo distinto de lo que los Gobiernos central y vasco están discutiendo en estos momentos, que es descentralizar la gestión del actual sistema.