El mercado inmobiliario se ha desplomado. La compraventa de viviendas no solo cayó el año pasado en Canarias tras seis ejercicios consecutivos de incrementos, sino que lo hizo de forma extraordinaria. A lo largo de 2019 cambiaron de manos en la Comunidad Autónoma un total de 20.824 casas, un 14% menos que en 2018. Aunque el deterioro de la actividad alcanza a la mayoría de regiones -las operaciones de compraventa solo crecieron en seis autonomías-, en ninguna otra se produjo una caída tan grande. De hecho, solo el otro archipiélago del país, Baleares, experimentó una reducción superior al 10% -exactamente de un 10,9%-, tres puntos más suave que la que se registró en las Islas. Es más, hay que remontarse a 2009, el año 0 tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, para dar con el último ejercicio en que la compraventa de viviendas cayó en Canarias más de un 14%. Ese año, cuando quedó definitivamente claro que la crisis económica sería larga, el número de operaciones se redujo de golpe la friolera de un 28%. Así pues, han tenido que transcurrir diez años para que la actividad haya vuelto a dejarse más de un 10% de su volumen total de operaciones.

A pesar de que los expertos daban por descontado que el mercado inmobiliario cerraría 2019 en franca decadencia, lo cierto es que no todos barajaban la posibilidad de que Canarias fuera la comunidad que saliera peor parada, como finalmente ha ocurrido. Este es el caso del delegado de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI) en las Islas, Isidro Martín. Martín reconoce que no esperaba que el Archipiélago fuese la autonomía con la mayor caída de las compraventas de todo el país, pero tampoco se muestra del todo sorprendido. No en vano, hay una serie de factores y circunstancias que se han combinado para hacer de 2019 el peor año para el mercado de la vivienda del último decenio. Factores y circunstancias que tienen como denominador común el papel de la Administración pública como freno de la actividad.

El representante de la APEI en el Archipiélago hace hincapié en primer lugar en el alto número de licencias de obra nueva que se encuentran paradas o pendientes de expedir en los ayuntamientos, un estancamiento que también están sufriendo muchos grandes planes urbanísticos. Hay, por tanto, una "incertidumbre jurídica" que se suma a la "nefasta" política pública de vivienda -"nefasta", subraya Martín- que viene padeciendo la Comunidad Autónoma. Además, otro condicionante del mercado inmobiliario es el runrún sobre el control de los alquileres que quiere implantar Podemos -ahora en el Gobierno central-, que en última instancia genera dudas en muchos potenciales compradores. ¿Por qué? Porque en ocasiones la compra de ese piso o esa casa solo tiene como objetivo ponerla luego en el mercado del alquiler, un negocio que no es exclusivo de las empresas y que no siempre es especulativo ni necesariamente relacionado con el turismo. En definitiva, si no hay expectativa de negocio en el futuro, no hay compra. Y todo ello sin olvidar otros frenos como la imposibilidad de encontrar un banco que conceda el cien por cien del precio de la vivienda. Urge así diseñar una política pública de promoción, ya que de la actual, asegura Martín, "conocemos poco, y eso poco que conocemos es insuficiente".

De las 20.824 viviendas que cambiaron de dueño el año pasado, 16.318 eran usadas o de segunda mano y solo 4.506, nuevas. Hasta 10.958 están ubicadas en las islas de la provincia de Las Palmas, donde el número de compraventas se redujo un 12% en relación con las cifras de 2018, y las restantes 9.866 están en Tenerife, La Palma, La Gomera o El Hierro. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la cifra de operaciones cayó hasta un 16,1%.