El Gobierno y el sector agroalimentario (desde la producción hasta la distribución) relanzarán los estudios de la cadena de valor con la intención de inspeccionar con detalle cómo se construyen los precios en ella y adoptar las medidas necesarias para atajar la crisis de rentabilidad del campo tras las manifestaciones de los últimos días.

Lo ha avanzado este martes el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, tras mantener la novena reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria que ha decidido retomar esos estudios que no se llevaban a cabo desde "2013 o 2014", según ha apuntado.

El objetivo es "identificar" en cada producto qué agentes intervienen, qué costes soportan y "ver cómo se construye el valor".

"Eso nos permitirá describir cómo se reparten a lo largo de la cadena y de qué manera hay que retribuir" a cada eslabón.

Saber esa información es "importante" para posteriormente cerrar los contratos entre los eslabones de la cadena de valor.

En esa "construcción" de los contratos entre las partes será importante lo que determine la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, según ha recordado.

Miranda, como ya adelantó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apuntado la idea del Gobierno de que el borrador de esa normativa obligue a que los contratos incluyan los costes de producción como "uno de los factores de referencia" para poder cerrarlos.

La intención del Ejecutivo es que esa reforma legislativa sirva para incluir en ella algunos aspectos integrados en el Código voluntario de Buenas Prácticas alimentarias: "sobretodo, aquellas partes que nos ayuden a consolidar las relaciones de la cadena" para que el agricultor tenga "certidumbre" y "estabilidad" en sus intercambios comerciales.

Miranda ha subrayado que "todos" los participantes de este observatorio están por "la labor de colaborar" para solucionar esta crisis que afecta al campo.