El vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, miembro de la familia que controla la mayoría del capital, mantiene prohibida la entrada a EEUU en aplicación de la ley del embargo estadounidense, conocida popularmente como Helms-Burton.

Escarrer recibió el 11 de octubre una carta del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la que, en aplicación del artículo IV de la ley Helms-Burton, se le encomienda a aceptar "una serie de condiciones relacionadas con la actividad en Cuba de empresas filiales". En caso de no hacerlo, en un plazo de 45 días se le prohibiría el acceso a EEUU. Así ha sido. Las condiciones impuestas "no resultaban asumibles para la compañía", según explica la hotelera. Además, la empresa advierte de que su cumplimiento sería contrario a la normativa europea (Estatuto de Bloqueo) que considera que la ley Helms-Burton infringe principios de derecho internacional.

El año pasado, Donald Trump decidió intensificar el bloqueo hacia Cuba con el levantamiento del título III de la ley Helms Burton, que habían dejado sin efecto todos los gobiernos estadounidenses desde la aprobación de la ley en 1996, y que permite a los norteamericanos demandar a las compañías que explotan o se benefician de cualquiera de las propiedades confiscadas por la Revolución Cubana. Pero entonces, la Administración Trump también advirtió que empezaría a poner en funcionamiento el título IV (nunca suspendido) y daría pasos claros en su implementación, según explica el socio del despacho Andersen Tax & Legal, Ignacio Aparicio. Este artículo habilita a EEUU a restringir la entrada a aquellos ejecutivos que estén en empresas que directa o indirectamente "trafiquen" con bienes confiscados en Cuba y sobre los que exista una reclamación de ciudadanos norteamericanos, según el socio de la firma Squire Patton Boggs, José María Viñals.

La Administración Trump vinculó la notificación a Meliá a la actividad que algunas filiales con entidades públicas cubanas para la gestión de dos hoteles en la región de Holguín, que estarían ubicados en una parcela de una propiedad expropiada a la familia Sánchez Hill a finales de los años cincuenta, según la compañía. La hotelera Meliá ha puesto el caso "en manos de las instituciones españolas y, especialmente, de las autoridades comunitarias" para su resolución.