El campo español, y con él el de Canarias, está en lucha. Las movilizaciones del sector primario han conseguido arrancar algunos compromisos al Ministerio de Agricultura, que se ha mostrado dispuesto a supervisar la evolución de los precios y a modificar la Ley de la Cadena Alimentaria. Los agricultores y ganaderos obtienen, muchas veces, precios por debajo de los costes de producción y ven cómo el beneficio se queda por el camino; en concreto, en la cadena de distribución, cuyas prácticas "estrangulan" al sector, según las organizaciones agrarias. Los proveedores sufren retrasos en sus cobros y se les imponen descuentos a partir de ciertos niveles de suministros, lo que empeora la situación.

"El problema es, ni más ni menos, la caída de la renta agraria", advierte el presidente de COAG-Canarias, Rafael Hernández. En el conjunto del país, este indicador -que mide la remuneración de todos los factores de producción que emplean agricultores y ganaderos- se redujo en un 8,6% el pasado año, según los datos del propio Ministerio. Varios factores explican esta merma, desde un incremento de los costes de los insumos que alcanza el 14% hasta el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) -"ha sido la puntilla", dice Hernández-, pasando por las prácticas de algunas empresas de distribución.

En este sentido, el sector denuncia que hay cadenas que pagan por los productos noventa días después de recibirlos, cuando la ley establece el plazo máximo en treinta. "El productor cultiva durante cinco o seis meses y luego tiene que esperar tres más para cobrar por un producto que en el supermercado se vende en un día", expone el máximo dirigente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en el Archipiélago. A estos retrasos se suma la imposición a los proveedores de descuentos a cambio de asegurar la compra - rappels-, que pueden llegar al 13%.

La presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias-Asaja), Ángela Delgado, matiza que hay cadenas de supermercados que son "exquisitas" en el pago a los proveedores, mientras que otras "no lo son tanto". Lo que sí tiene claro es que "los precios del campo no suben, pero el coste de los insumos sí", un desequilibrio que no hace sino empobrecer a agricultores y ganaderos. "Francia se está planteando prohibir por ley vender productos por debajo de su coste. ¿Por qué aquí no?", se pregunta Delgado.

El índice de precios en origen-destino (IPOD), que elabora COAG, permite seguir cómo evolucionan las diferencias entre lo que cobran los productores y lo que pagan los consumidores. En la actualidad -datos de enero-, el índice se sitúa en 2,31. Esa es la cantidad por la que se multiplican los precios entre su origen y el lugar de venta al consumidor, aunque hay productos que casi duplican ese incremento, como el puerro (4,48) o el pepino (3,96). No es, con todo, el peor momento del año en este sentido. Al haber menos producción y mas frío -con lo que los productos duran más-, los precios en origen suelen ser menores en invierno. Así, el pasado marzo el IPOD rozó los tres puntos (2,85).

La campaña emprendida por las principales organizaciones del sector primario en España -COAG, Asaja y UPA-, con protestas en diferentes puntos del país, ha obligado a mover ficha al Ministerio de Agricultura. Su titular, Luis Planas, anunció ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, que se pondrá en contacto con las grandes cadenas de distribución para invitarlas a ser "parte de la solución al problema". Planas expresó su preocupación por el riesgo de entrar en una "espiral de rebajas" que disminuya aún más los ingresos de los productores y se mostró confiado en que el sector de la distribución sea "sensible" para corregir la falta de equidad que presenta actualmente el sistema mediante el que se conforman los precios agrarios. "No nos podemos permitir la pérdida de valor económico, sino también de reputacion", advirtió el ministro en declaraciones recogidas por Europa Press.

Tras reunirse con las organizaciones, el Ministerio había adelantado una serie de medidas; entre ellas, revisar la Ley de la Cadena Alimentaria -para evitar las ventas a pérdidas-, hacer un seguimiento de la formación de los precios de los factores de producción y analizar la evolución de los márgenes comerciales, entre otras. Planas también puso sobre la mesa intensificar los controles a los productos procedentes de terceros países. La excesiva laxitud con estas importaciones, frente a las estrictas exigencias de que es objeto la producción europea, es una de las quejas más recurrentes de los agricultores y ganaderos canarios. "Todos jugamos en el mismo mercado, pero nosotros lo hacemos cojos y con las manos atadas y ellos con las mejores botas y sin portero en la portería contraria.", enfatiza la presidenta de Asaga.

Esta desigualdad se manifiesta tanto en los requisitos medioambientales y fitosanitarios -aunque en este último aspecto Canarias se encuentra protegida por la restricción a ciertas importaciones, caso de las frutas tropicales- como en los costes salariales y sociales, que repercuten directamente sobre los precios. "Lo que se paga en Marruecos no es ni un 30% de lo que se paga aquí", expone Delgado. Por su parte, su homólogo en COAG-Canarias se lamenta: "Nos expulsan del mercado a través del precio".

La subida hasta 900 euros que experimentó el salario mínimo el pasado año, y que tendrá continuidad en 2020 con un nuevo aumento hasta 950 -aprobado ayer por el Consejo de Ministros-, tiene en el sector primario del Archipiélago "una incidencia en los costes mucho mayor que en la Península", advierte la presidenta de Asaga Canarias, Ángela Delgado. "Las explotaciones son mucho más pequeñas y todas las recolecciones son a mano. No es como en Castilla-La Mancha, donde un empleado puede coger un tractor y recoger cien toneladas en un día", argumenta. La dirigente agraria asegura que no se opone a la medida, pero recuerda que "en muchos aspectos, los precios son los mismos que hace treinta años". Aunque la entrada en vigor del nuevo SMI no se ha dejado notar en la cifra de afiliaciones a la Seguridad Social en la agricultura -que ha permanecido sin apenas variaciones durante el último año-, Delgado cree que puede haber intensificado la economía sumergida. "Una parte no sale a la luz porque no puede pagar eso", opina. También Rafael Hernández, de COAG, considera contraproducente una subida que, según los cálculos del sector, ha sido del 43%.