Casi 120 megavatios de energía eólica esperan por otra subasta en Canarias

Esa convocatoria estaba comprometida por el Ministerio para la Transición Ecológica (y el Reto Demográfico en su nueva denominación) en la legislatura que desembocó en el 28A. Sin embargo, se fue por el sumidero de a la postre inútil cita electoral.

La conformación de un nuevo Ejecutivo central allana ahora el camino a esa cita que los promotores demandan. Prueba de ello es que han continuado trabajando para superar la engorrosa fase burocrática y poder así situarse en primera línea cuando el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) dé luz verde al certamen.

El presidente de la Asociación Eólica Canaria, Rafael Martell, celebra que el desbloqueo de la política nacional acerque la posibilidad de una nueva adjudicación de potencia eólica en el Archipiélago. "Cuanta más tengamos, mejor", señala.

No obstante, el nuevo salto adelante que se prepara no está exento de matices que ponen de manifiesto la necesidad de empezar a atender, y deprisa, aspectos que hasta la fecha habían quedado soslayados ante la necesidad de devolver a las Islas algo de normalidad en la carrera por la descarbonización.

El viento y el sol de los que disfruta el Archipiélago son los de mejor calidad, por intensidad y horas, de toda Europa. Por lógica natural, Canarias se colocó a la vanguardia en la instalación de aerogeneradores y placas fotovoltaicas en los primeros años en que estas tecnologías comenzaron a cobrar importancia.

Sin embargo, desde la segunda mitad de los años noventa del siglo pasado, la apuesta por las renovables quedó atrapada en un lodazal de concursos judicializados y la lentitud a la hora de aprobar un marco legislativo acorde con las necesidad y las especificidades de las Islas.

Salida del túnel

No fue sino hasta hace menos de cinco años cuando el anterior Gobierno canario logró despejar el camino para que los parques eólicos comenzaran a proliferar. Además de reducir las emisiones de gases nocivos, las energías limpias abaratan de manera notable la generación eléctrica, muy dependiente de la importación de hidrocarburos, en las Islas.

El retraso acumulado durante casi 20 años y la necesidad de dar cumplida cuenta de los objetivos de descarbonización -45% de renovables en 2025- explican por sí solos las nuevas subastas que están por llegar.

Ahora bien, lo primero que se observa es el menor número de megavatios que están en disposición de acudir a la segunda subasta con fondos Feder pendiente de convocarse. Es cierto que la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias está permanentemente abierta para la tramitación, pero el certamen debería haberse publicado en el BOE antes de terminar 2019.

En datos, la primera subasta, convocada el día de Navidad de 2018, reservó un total de 45 megavatios para repartir en Fuerteventura. Se coparon 36,25 de ellos y, de cara a la segunda subasta, hoy cuentan con autorización administrativa 31,60.

No hay uno, sino varios porqués que explican este retroceso en el afán de los promotores. Para comenzar, desde el IDAE ya se anunció que en este segundo asalto entrará en juego la tecnología fotovoltaica.

Demonizada como una de las supuestas responsables del déficit de tarifa acumulado por el sistema eléctrico español, quedó relegada por completo. Sin embargo, la investigación ha conseguido incrementar su competitividad, por lo que debe volver a la primera línea de la escena en un territorio en el que el recurso -el sol- abunda como en pocos. Al sistema no se le pueden inyectar renovables sin mesura. En buena lógica, la subasta por venir tendrá un hueco menor para la eólica.

Hay más y el ejemplo más claro lo ofrece Gran Canaria. En la subasta fallada la pasada primavera copó 69,1 megavatios de los 70 que se ofertaron. Desde entonces, solo 39,56 megavatios han conseguido autorización administrativa. "En el suelo que va quedando disponible, con menos viento, la tasa interna de retorno es cada vez más pequeña", explica Rafael Martell. Esta menor rentabilidad se suple con los avances que brinda la investigación, dirigidos a incrementar la productividad de las máquinas.

Hay otra particularidad que lastra a Gran Canaria: la imposibilidad de utilizar sus mejores zonas para el aprovechamiento de la energía eólica por la incompatibilidad de los parques con las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de la Islas. "Hasta el momento nadie ha cogido el toro por los cuernos", lamenta Martell. La asociación que preside y varios promotores han denunciado la inacción a la hora de solventar un problema para el que existen soluciones, como se ha demostrado en otros lugares del mundo.

El asunto es altamente sensible. Se trata del mantenimiento de instrumentos para la navegación aérea que han quedado prácticamente en desuso. Sin embargo, está en juego la seguridad del tráfico aéreo y es difícil que alguien tome la decisión, en la seguridad de que cualquier siniestro que acontezca en el futuro le colocará en el disparadero aunque nada tengan que ver los cambios con el suceso.

No es el caso de Tenerife

No es el caso, sin embargo, de Tenerife, donde permanecen ociosos 46 megavatios a la espera de una nueva convocatoria. En la última subasta se adjudicaron 43,7 de los 55 puestos en liza. Es precisamente esta isla la que está dando más claros síntomas de la necesidad de contar con sistemas de almacenamiento. El pasado Día de Reyes hubo que parar algunos parques, porque los megavatios hora eólicos generados superaban la demanda.

El pasado verano Rafael Martell mantuvo un encuentro con los anteriores responsables ministeriales para reclamarles que estos paros obligatorios se retribuyan como sí ocurre en la Península. "Mientras no contemos con un procedimiento de operación específico para Canarias, entendemos que debe aplicarse el que rige en el resto de España", explica el presidente de Aeolican, quien además demanda más información para poder adaptar la producción a las necesidades.