Los aranceles que Estados Unidos aplica desde hace tres meses para dificultar la importación de algunos productos de un grupo de países europeos, entre ellos España, han perjudicado el negocio del sector vitivinícola canario, que se ha visto obligado, en muchos casos, a reducir márgenes de beneficios para mantener sus volúmenes de ventas en el país norteamericano. La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) reclamó ayer la implicación de las administraciones isleñas para afrontar las "desproporcionadas" barreras impuestas por la Administración Trump.

Los productores de vinos asociados a la denominación de origen protegida (DOP) Islas Canarias han enviado una carta al Gobierno regional, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) -organismo adscrito a la Consejería de Agricultura- y los cabildos en la que muestran su preocupación por el impacto que esta medida pueda tener sobre el sector y les pide "aunar esfuerzos" para hacer llegar sus demandas a las instituciones europeas, indicó Avibo a través de un comunicado.

El gerente de la DOP Islas Canarias, Raúl Román, expresa la inquietud de los viticultores y bodegueros no solo por el efecto que están teniendo los aranceles en vigor -cuyo importe alcanza el 25%-, sino también por el de los que pudieran venir. Román recuerda que entre la Unión Europea y EEUU se ha abierto un nuevo frente después de que Francia acordase gravar el negocio que obtienen los gigantes tecnológicos -Google, Apple, Facebook o Amazon- en territorio galo y de que Washington reaccionase con la amenaza de imponer aranceles del 100% a productos franceses.

Román advierte de que el problema afecta a "toda Europa", lo que obliga a "ir todos juntos" para hacer frente a sus consecuencias. De hecho, ya la Comisión Europea ha advertido al Gobierno estadounidense de que actuará "unida" y "con una sola voz". Si no fructifica la vía de la negociación, la situación podría derivar en una nueva escalada arancelaria que propague sus efectos por toda la UE. El conflicto de las grandes empresas de servicios digitales se sumaría así al originado por los subsidios europeos a Airbus, declarados ilegales por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que dieron lugar a las barreras a la importación decretadas por EEUU.

Los aranceles "acaban con quince años de actuaciones" dirigidas a "posicionar los vinos canarios en el mercado estadounidense", advierte Avibo, que teme las repercusiones sobre el empleo de la restricción de la actividad comercial con EEUU.

La medida implantada por la Administración Trump -aunque los orígenes del conflicto se remontan a más de una década atrás- representa para el vino del Archipiélago "una clara desventaja competitiva" -recalca el gerente de la DOP Islas Canarias-, puesto que no todos los productores europeos están afectados por ella. Así, los aranceles pesan sobre ciertos productos agrarios de España, Francia, Alemania y Reino Unido -miembros del Consorcio Airbus-, mientras que "competidores directos" en materia vinícola como Italia y Portugal están exentos de ellos.

Las exportaciones de vino de las Islas a Estados Unidos han experimentado un progresivo incremento a lo largo de este siglo. Partiendo de cifras prácticamente insignificantes, en 2019 el valor de los envíos superó por primera vez los 100.000 euros -117.000, en concreto- y ocho años después había alcanzado los 928.000. En los once primeros meses de 2019 -el dato de diciembre todavía no está disponible- ya había sobrepasado los 951.000 euros, según datos del ICEX (España Exportación e Inversiones, el antiguo Instituto de Comercio Exterior).

La cifra de negocio que supone esta actividad para la quincena de bodegas canarias que comercian con EEUU llega incluso a una cuarta parte del total, unas magnitudes que explican la preocupación manifestada por sus titulares y también que hayan optado por rebajar sus beneficios -y los sus intermediarios en el país- para no perder un mercado que tan arduamente han conquistado. No obstante, los bodegueros del Archipiélago han puntualizado que esta medida no es sostenible en el tiempo. Algunos de ellos han sugerido que las administraciones canarias arbitren algún tipo de ayuda que permita compensar los perjuicios que han sufrido, aunque por ahora su propuesta no ha tenido éxito.