Los pescadores canarios podrán elevar este año el volumen de capturas de tuna -una de las especies de atún de valor comercial para el sector- por encima de las 2.400 toneladas asignadas como cupo en 2019. Aunque las negociaciones entre la Secretaría General de Pesca, órgano adscrito al Ministerio, y las comunidades autónomas todavía se encuentran en marcha, el Gobierno regional ha recibido una propuesta que supone "un incremento considerable" respecto a la cuota del pasado año, pero que, sin embargo, está por debajo del objetivo que se han marcado tanto la Administración como el propio sector, 3.000 toneladas.

El presidente de la Cofradía de Pescadores de El Hierro, Fernando Gutiérrez -que hasta hace dos meses presidió de la Federación de Cofradías de Canarias-, acusó ayer al departamento estatal de Pesca de cometer "un nuevo atropello" al Archipiélago en el reparto de la cuota de tuna para este año e insistió en reclamar las citadas 3.000 toneladas. "La Secretaría General ha puesto al mismo nivel a barcos artesanales que faenan en España de forma absolutamente responsable y sostenible -con caña- con industriales que faenan en el Atlántico africano de forma insostenible y con métodos de pesca criminales", denunció Gutiérrez en un comunicado, en el que arremete contra la actividad de los barcos cerqueros que capturan ejemplares de apenas tres kilos de peso, frente a los de más de veinte que, como media, pescan las embarcaciones canarias.

El viceconsejero de Pesca del Gobierno autonómico, Álvaro de la Bárcena, no le quita parte de razón a Gutiérrez. "La tiene a medias", concedió ayer. De la Bárcena reconoció que el aumento que ofrece el Ministerio es inferior a las aspiraciones de Canarias, aunque recordó que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) acordó en su última reunión una reducción general de las capturas de túnidos. "Era harto complicado mantener la cuota y la vamos a incrementar", indicó.

Más importante aún que la ampliación de las cantidades establecidas para Canarias es, para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, "poner orden" en el mar y propiciar un mayor control de la actividad pesquera. El instrumento para conseguirlo puede ser la próxima reunión del Consejo Consultivo de las regiones ultraperiféricas (CCTRUP) dedicado a la pesca, en la que el Ministerio y el Gobierno regional pretenden hacer causa común para "evitar que se sigan pescando las miniaturas". "Lo que buscamos es que la talla mínima se incremente y se ponga orden a toda la actividad", expone De la Bárcena.

Canarias y el Estado quieren hacer valer el carácter artesanal de la flota isleña para conseguir un trato diferenciado por parte de las instituciones europeas, lo que podría derivar, a su vez, en un aumento de la cuota de tuna para los profesionales del Archipiélago. La Administración autonómica no renuncia a la elevación del cupo hasta el objetivo de las 3.000 toneladas -"seguiremos en la línea reivindicativa", anuncia el viceconsejero-, pero es consciente también de que necesita el apoyo del Ministerio para alcanzar algunas de sus metas más ambiciosas.

Las negociaciones para la distribución de la cuota de tuna se producen poco antes de que comience la destinada a establecer el cupo de atún rojo, en la que Canarias persigue volver a ampliar la cantidad asignada, que en 2019 ascendió a 438 toneladas, un 70% más que en el año anterior, aunque el sector aspira a unas 900 como cuota justa. Ambas especies revisten un importante valor comercial para los pescadores de las Islas.