Canarias no es una de las comunidades autónomas predilectas de los inversores extranjeros. Más bien al contrario: el Archipiélago figura entre las regiones que menos capital foráneo reciben. Este escaso atractivo en la carrera por captar fondos del exterior se agrava, además, por una realidad no tan conocida. Porque las Islas no solamente arañan poco dinero fuera de las fronteras nacionales, al menos en comparación con el grueso de las restantes autonomías, sino que, por si fuera poco, la mayor parte de lo que arañan apenas genera riqueza. Así lo ponen de manifiesto los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de los que se desprende que prácticamente un 60% de la inversión extranjera que Canarias ha recibido a lo largo de la década no ha servido ni para crear un solo puesto de trabajo. Tampoco para desarrollar proyecto alguno, montar un negocio o inyectar fondos en alguna empresa puntera del Archipiélago. En definitiva, seis de cada diez euros de todo el capital foráneo que ha llegado a la región desde 2011 no han redundado en beneficio de la economía y la sociedad isleñas. Más de 1.300 millones que han servido, eso sí, para que los inversores se ahorren dinero en el pago de impuestos. Y, además, legalmente.

Según la estadística del Ministerio que dirige en funciones Reyes Maroto, la inversión extranjera en Canarias a lo largo de la década llega a 2.292 millones de euros. Una suma que dejaría a las Islas en el undécimo puesto del particular ranking autonómico. Lo cierto, sin embargo, es que el Archipiélago no ocupa el undécimo lugar de la clasificación, sino el decimotercero. Y en realidad la inversión no asciende a esos casi 2.300 millones, sino a mucho menos, a menos de 964,5 millones de euros. ¿Por qué? Porque esta última cantidad es la que queda al quitar la parte que corresponde a operaciones meramente fiscales, es decir, operaciones con las que los inversores simplemente persiguen pagar menos impuestos. Así que la mayor parte de esos 2.292 millones de euros, exactamente 1.327,6 millones, es capital foráneo que se canalizó a través de holdings establecidos en las Islas (por eso cuenta como inversión extranjera en la región) pero que no le reportó a Canarias ningún beneficio. ¿Cómo es esto posible? Gracias a las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros.

Las polémicas ETVE, que pese a la controversia que las rodea están perfectamente amparadas por la legislación nacional, se conocen comúnmente fuera del país como "los holdings españoles", y su actividad en el Archipiélago, aunque se ha debilitado en los últimos ejercicios, ha sido notable, tal como evidencian los datos de la Secretaría de Estado de Comercio.

Estas entidades están sujetas a un régimen fiscal especial que las exime de tributar por los dividendos o plusvalías de las acciones o participaciones que tengan en sociedades extranjeras. Son así un instrumento de mucha utilidad para los inversores foráneos, que canalizan su dinero mediante el holding radicado en España, esto es, mediante la ETVE, y que luego llevan a cabo la verdadera inversión allí donde consideren sin tener que pagar impuestos por las rentas que les reporte la operación. Es más, otra de las grandes ventajas de las ETVE es que están exentas del pago por el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR), con lo que las ganancias que sus socios obtienen por las desinversiones o el reparto de beneficios quedan intactas. Así pues, y según explica en un artículo para el despacho Mariscal & Abogados la experta en Derecho Societario Rosario Rodríguez, "el inversor extranjero puede invertir y desinvertir en la ETVE sin preocuparse por la tributación en el IRNR español". Las ETVE se crearon en 1995 a semejanza de las figuras ya existentes en otros países europeos como vehículo para captar capital foráneo.

La estadística del Ministerio de la economista Reyes Maroto, que continuará en el cargo en el nuevo Gobierno de PSOE y Podemos, muestra, eso sí, cómo el peso de las operaciones de los holdings en el global de la inversión extranjera viene reduciéndose en los últimos ejercicios tanto en la Comunidad Autónoma como en el conjunto del país.