Los precios de los alquileres en las Islas experimentaron el año pasado un frenazo considerable, al aumentar apenas un 3,3%, un porcentaje que no se alcanzaba desde julio de 2015, según los datos ofrecidos por el portal inmobiliario idealista. El mercado de la vivienda comienza su particular desaceleración y aunque sigue su tendencia al alza, ésta se aleja de las últimas cifras, cuando los arrendamientos experimentaron un incremento del 10,8% en 2018 y del 19,8% en 2017.

Esta moderación en la subida de los alquileres resulta mucho más acentuada en la provincia de Las Palmas, donde aumentaron un 1,9%, mientras que el crecimiento en Santa Cruz de Tenerife fue mucho mayor, con los arrendamientos un 6,7% más caros. El coste del metro cuadrado cerró el año en los 10 euros mensuales, después de haber fluctuado entre los 9,7 euros con los que abrió en enero y los 10,2 euros que llegó a alcanzar en julio.

La desaceleración en los precios del alquiler, que se suma a los de las viviendas en venta -que aumentaron un 5,2% el año pasado, frente al incremento del 16,9% que se produjo en 2018, según idealista- se verá reforzada, a priori, con las medidas del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que prevé limitar el precio de los arrendamientos. Una actuación que tiene su precedente en el decreto ley de la vivienda y el alquiler que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en marzo de 2019 y que, entre otros aspectos, prohíbe al propietario subir el alquiler más allá del Índice de Precios al Consumo (IPC), además de que amplía la duración de los contratos, que pasan de tres a cinco años en el caso de que el arrendador sea una persona física y de cinco a siete años si se trata de una empresa.

Estas actuaciones públicas han recibido el rechazo frontal del sector, que considera que el control del mercado sólo conseguirá menguar la oferta de viviendas y, por lo tanto, encarecer los alquileres. "Todo lo que sea limitar la capacidad del propietario de disponer de su inmueble, en cuanto a plazos y precios, provocará que prefiera retirar su casa del mercado y reservarla hasta que el panorama legal sea más beneficioso y menos inseguro para sus intereses", explica Carlos Conesa, vicepresidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que además recuerda que, en muchos casos, los arrendadores son familias que necesitan la renta para llegar a final de mes. Precisamente por ello, los dueños solicitan mayor protección contra aquellos inquilinos que no pagan a tiempo y que ahora, tras el último cambio normativo, pueden permanecer hasta un lustro en la casa.

"Limitar e intervenir un mercado nunca va a ser positivo", critica Ramón Pérez, presidente de la Asociación de Empresarios Promotores e Inversores de Canarias, que tiene claro que la solución no se encuentra en regular el precio del alquiler. "Hay que aumentar el parque de inmuebles que se pueden arrendar, lo que es imposible si no crece la oferta de vivienda pública", explica Pérez, que propone contar para ello con la colaboración del sector privado.