09 de enero de 2020
09.01.2020

Canarias acude al banco malo para hacerse con casas para alquiler social

El Ejecutivo compra a la Sareb viviendas situadas en los municipios tinerfeños de La Laguna e Icod de los Vinos y en el majorero de Puerto del Rosario

08.01.2020 | 22:37
Canarias acude al banco malo para hacerse con casas para alquiler social

El Gobierno de Canarias se ha marcado la meta de poner fin a la falta de hogares asequibles que sufren las Islas. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda liderada por Sebastián Franquis -actualmente inmerso en la culminación de un Plan de Vivienda que ha consensuado con el sector público y el privado- ha echado mano de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como banco malo, para comprar una docena de inmuebles valorados en más de 1,1 millones de euros con el fin de destinarlos a alquiler social. Once de estos edificios se encuentran ubicados en Puerto del Rosario y se han adquirido por 1.046.855 euros, mientras que el otro se ubica en San Cristóbal de La Laguna y ha costado 82.195 euros.

A esta docena de fincas compradas a la Sareb, se suman 15 más en el municipio tinerfeño de Icod de Los Vinos, valoradas en más de 1,1 millones de euros. Todas ellas forman parte de un primer lote de viviendas vacías que se destinarán a facilitar un hogar de manera provisional a aquellas familias vulnerables que estén en situación de desahucio por no poder hacer frente a los gastos de la hipoteca o del alquiler.

Esta primera adquisición se realizó a través de un concurso convocado por la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, SAU (Visocan), al que se presentaron únicamente dos grandes propietarios de casas con cuatro ofertas. Tras descartar una de ellas tras hallarse defectos en su documentación, se formalizó la compra de los citados 27 edificios, valorados en casi 2,3 millones de euros.

Uno de los requisitos que tenían que cumplir las propietarias que se presentaron al concurso era que las viviendas reunieran las condiciones de habitabilidad necesarias para evitar reformas y que las familias se pudieran trasladar de manera inmediata a las mismas. Una mudanza que los técnicos esperan que se pueda realizar el próximo mes de febrero y de la que se beneficiarán las unidades familiares en riesgo de desahucio que reúnan determinados requisitos.

Casi 200 casas

Para establecer qué personas podrán beneficiarse de estos alquileres sociales -que en ocasiones alcanzan un precio simbólico de 54 euros-, el Ejecutivo trabajará con las áreas de servicios sociales de los ayuntamientos a través del programa Canarias + Viviendas x Familias -una iniciativa regional puesta en marcha hace años por el volumen de ejecuciones hipotecarias y desalojos que se producían en el Archipiélago-. Los baremos que se tomarán en cuenta serán el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), el número de miembros de la unidad familiar, si alguno de ellos sufre un grado de discapacidad, si existen víctimas de malos tratos o si se trata de una familia monoparental, entre otros aspectos.

Los 2,3 millones de euros destinados a este primer lote de casas forman parte de los 11,6 millones de euros que el Gobierno invertirá a través del Instituto Canario de la Vivienda para empezar a crear una bolsa de 180 casas vacías, uno de los objetivos marcados como "prioritarios" por Franquis dentro de su Pacto por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias, que espera presentar el próximo mes al Parlamento autonómico. Tal y como explicó el socialista tras el último Consejo de Administración de Visocan, con la creación de esta bolsa se pretende ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las familias afectadas por desahucios y ofrecerles soluciones habitacionales temporales, así como facilitarles un seguimiento de su situación mediante programas de inserción y formación laboral.

A partir de ahora, y tras la celebración del concurso público, Visocan procederá a la adquisición de forma directa del resto de casas hasta acercarse lo máximo posible a las casi 200 que pretende comprar para destinarlas a alquiler social. Una cantidad que se sumará a las 2.200 viviendas de titularidad pública que la Consejería se ha marcado como objetivo para esta legislatura, una cifra que podría ampliarse con la implicación del sector privado.

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