Ryanair cierra hoy sus tres bases en las Islas -Lanzarote, Tenerife Sur y Gran Canaria- y se marcha dejando un pésimo sabor de boca en quienes hasta ahora han trabajado para la compañía de bajo coste. La aerolínea irlandesa ejecuta un duro expediente de regulación de empleo (ERE) en el que despide al 93% de su plantilla y solo recoloca a 25 de sus 350 empleados, por lo que ni siquiera alcanza el ya de por sí bajo porcentaje que la empresa se había comprometido a reubicar y que llegaba al 10%.

Los sindicatos USO -que representa a la tripulación de cabina- y Sepla -en nombre de los pilotos- se quejan de las malas formas empleadas por la low cost a la hora de ofrecer una alternativa laboral, pues Ryanair alega que los trabajadores han aceptado el traslado de manera voluntaria y no forzosa, lo que exime a la compañía de ciertas responsabilidades. "En el periodo de consultas pretendían que el personal reubicado solo aceptara una compensación de 500 euros brutos y una semana extra de vacaciones pagadas para hacer la mudanza. Pero, finalmente, a quienes se marchan solo les dan un billete de avión con dos maletas pagadas y tres días para asentarse", explica Jairo Gonzalo, secretario de Organización de USO en Ryanair y uno de los afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE).

Solo cinco tripulantes de cabina han optado por la reubicación y ninguno de ellos lo podrá hacer en el territorio nacional. Tres empleados de Tenerife Sur se irán a Dublín, Milán-Bérgamo y Bristol, y dos de Gran Canaria a Dublín y Bérgamo. Además, algunos de ellos deberán enfrentarse no solo a un lejano cambio de destino, sino también a un empeoramiento de sus condiciones laborales. Es el caso de una de las empleadas que comenzará a trabajar en Bérgamo y que lo hará en Malta Air, una empresa subsidiaria de la aerolínea irlandesa, por lo que tendrá un contrato completamente distinto.

El caso de los pilotos

En lo que se refiere a los pilotos, una veintena ha aceptado reubicarse en los aeródromos de Málaga, Alicante, en la localidad portuguesa de Faro, en Marruecos y Polonia. "Las recolocaciones son muy pocas y encima en peores condiciones", se queja Francisco Gómez, delegado sindical de Ryanair en Sepla, que explica que los contratos se han ofrecido a la baja, con una mengua del sueldo de un 25 por ciento, por lo que muchos de ellos han preferido acogerse al ERE. Sin embargo, el tiempo juega en su contra a la hora de encontrar un nuevo empleo pues la licencia de vuelo debe renovarse cada seis meses y encontrar trabajo con el permiso caducado resulta mucho más complicado. Aunque el propio piloto puede revalidar su licencia, el coste económico resulta elevado, se queja Gómez.

Con este panorama, la obligatoriedad de las recolocaciones resulta obvia para los sindicatos. "Dicen que son traslados voluntarios, pero es que si no los aceptan se van a la calle porque el centro de trabajo cierra", destaca Gonzalo, que exige que se aporten las indemnizaciones correspondientes. Para argumentarlo, pone como ejemplo a los compañeros que se marchan a Irlanda, que deben pagar dos barcos para poder llevar su vehículo particular, y recuerda que para quienes se van acompañados por sus familias, niños incluidos, facilitarles un billete de avión, dos maletas en bodega y tres días de mudanza resultan concesiones que se quedan a todas luces cortas.

Los trabajadores van a denunciar todos estos incumplimientos en un nuevo episodio de la judicialización de este conflicto laboral que arrancó en plenas navidades, el pasado 26 de diciembre, cuando los sindicatos reclamaron ante la Audiencia Nacional la nulidad del expediente de regulación de empleo al considerar que la aerolínea no argumenta razones objetivas para llevarlo a cabo. Acudir a la justicia se ha convertido en la única salida, según los sindicatos, que aseguran que la falta de comunicación por parte de la empresa ha sido sangrante a lo largo de las últimas semanas, hasta el punto de que sus responsables no responden a los correos electrónicos ni les cogen el teléfono.

Sin convenio colectivo

Llama la atención que la plantilla no haya recibido todavía las cartas de despido, teniendo en cuenta que el cierre de las bases tiene lugar hoy. Como no tienen convenio colectivo, los empleados utilizan como referencia sus propios contratos, donde se recoge que a algunos tripulantes deben avisarlos con un mes de antelación y, en el caso de los pilotos, con tres meses. "Nosotros vamos a denunciar todo", avisa Jairo Gonzalo.