07 de enero de 2020
07.01.2020

El Tribunal Administrativo de Contratos de Canarias evita que 700 casos lleguen a la Justicia

Apenas el 10% de las decisiones del órgano autonómico sobre contratación pública son recurridas en lo Contencioso. Solo cinco de sus resoluciones han sido anuladas

06.01.2020 | 21:50
El Tribunal Administrativo de Contratos de Canarias evita que 700 casos lleguen a la Justicia

La actividad del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha evitado que más de 700 recursos lleguen a los jueces del orden Contencioso-Administrativo. Este órgano, adscrito a la Consejería de Hacienda del Gobierno regional, es uno de los que han creado las comunidades autónomas -siguiendo las directivas de la Unión Europea- para tratar de reducir la litigiosidad en torno a la contratación de obras, servicios y suministros por las instituciones públicas. Por el momento, el objetivo parece cumplirse: el tribunal administrativo no solo resuelve estos casos con mayor celeridad que los de Justicia, sino que también emite resoluciones que, en la gran mayoría de los casos, son luego refrendadas en el ámbito Contencioso cuando quienes han promovido los recursos deciden acudir a esta jurisdicción.

Este órgano fue creado en el Archipiélago en 2015. Desde entonces, y hasta 2019, ha examinado 798 recursos. Solo 79 de las resoluciones que ha emitido en el curso de esta actividad han sido posteriormente objeto de un recurso contencioso-administrativo, algo menos del 10% del total, según datos facilitados por el propio tribunal, muchos de ellos recogidos en los informes anuales elaborados por el Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa a instancias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De esas casi ochenta decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos y trasladadas al Contencioso, 41 están aún pendientes de sentencia, mientras que solo cinco han sido anuladas por la Justicia, apenas el 13% del total. Las sentencias que, por el contrario, confirman las resoluciones del órgano administrativo ascienden a 33.

Aunque está adscrito a la Consejería de Hacienda del Ejecutivo canario, el Tribunal Administrativo es "totalmente independiente de los órganos de contratación", puntualiza el titular de este órgano unipersonal, Pedro Gómez. El funcionario destaca que los informes encargados por el CGPJ ponen de manifiesto que "la efectividad de estos tribunales está siendo mayor que la de los tribunales de Justicia", entre otras cosas porque su "prontitud en resolver" es muy superior.

En el caso de Canarias, los recursos interpuestos ante el órgano han crecido de forma constante desde su creación. En 2015 se presentaron solo 50 -el tribunal fue constituido con el año ya iniciado-, en 2016 fueron 153, el año siguiente se formularon 158, en 2018 fueron 204 y en el ejercicio recién terminado se llegó a la cifra de 233. La evolución al alza resulta coherente con la progresiva reactivación de las licitaciones públicas tras el parón que supuso la crisis, y también con la paulatina adhesión de las administraciones locales de las Islas al órgano. Solo el Cabildo de Gran Canaria ha optado por crear su propio tribunal.

El valor estimado de los contratos recurridos ante el tribunal administrativo canario alcanza "cifras multimillonarias", resalta Gómez. El último informe sobre Justicia Administrativa, referido al año 2018, revela que, de hecho, la cuantía acumulada en las Islas es la más alta del país: 3.152,15 millones de euros, 443 millones de euros más que los contratos examinados por el tribunal contractual de Cataluña, el segundo importe de todas las comunidades autónomas que disponen de este tipo de órganos.

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