La intervención del mercado del alquiler que planean Podemos y el PSOE afecta directamente a cerca de 75.000 canarios. Exactamente a 74.323, según los últimos datos oficiales. Se trata en todos los casos de personas que tienen casas arrendadas a familias que las usan como vivienda habitual. Ciudadanos que alquilan sus inmuebles a otros ciudadanos y que tributan por los ingresos que les reporta el arrendamiento en la declaración de la renta. Cuando se ponga en práctica el control de los alquileres, que es una de las medidas que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han plasmado en su acuerdo de gobierno, esos alrededor de 75.000 contribuyentes del Archipiélago quedarán expuestos al riesgo de que sus ayuntamientos o el Ejecutivo regional limiten el precio que pueden cobrar a los inquilinos. En otras palabras: la Administración pública podrá fijar unos máximos y los propietarios estarán obligados a no cobrar o incrementar los precios por encima de ese límite. Si el ayuntamiento dice, por ejemplo, que un piso de cien metros cuadrados no puede arrendarse por más de 600 euros mensuales, al dueño del inmueble no le quedará más remedio que cobrar como máximo esa cantidad. Eso o vender el piso.
La idea de socialistas y podemitas (son estos últimos los que llevan tiempo insistiendo en la necesidad de intervenir el mercado del alquiler residencial) es que el sistema estatal de índices de referencia de precios, que está elaborando el Ministerio de Fomento, sirva de base a los ayuntamientos y Gobiernos autonómicos para desarrollar sus propios índices. En sí mismos estos índices no serán más que una fuente oficial de información (hasta ahora hay que fiarse de los datos que publican los portales inmobiliarios) que entre otras cosas permitirá conocer la renta media que producen los arrendamientos en una determinada localidad, municipio o región. Pero esta información será la que permitirá a los consistorios y/o Ejecutivos regionales comprobar si se producen "subidas abusivas" de los alquileres y en qué zonas se producen, para así poder "regularlas". Es decir, para así justificar la intervención del mercado.
Antes, eso sí, el ayuntamiento de que se trate en cada caso tendrá que declarar el área en que haya detectado esas subidas abusivas de precios como "zona urbana de mercado tensionado", en la que tendrá potestad para limitar la ley de la oferta y la demanda y, en definitiva, para fijar alquileres máximos ("poner techo", según la terminología empleada por Podemos y el PSOE). El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a precios "razonables" y "evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler". Sin embargo, la crítica generalizada de los expertos es que ocurrirá justamente lo contrario. Es más, el control de precios será caldo de cultivo para la economía sumergida.
El analista y consultor económico e inmobiliario Gonzalo Bernardos resume en una frase su opinión sobre la medida estrella del tándem PSOE-Podemos: "Lo importante ya no son las medidas que solucionan el problema, sino las medidas que parece que solucionan el problema". Bernardos explica que el control de los alquileres desembocará en primer lugar en el crecimiento del mercado negro. No en vano habrá arrendadores y arrendatarios que pacten precios superiores a los límites que fije el ayuntamiento o el Gobierno, los primeros porque no van a renunciar a sacar el máximo provecho de su propiedad y los segundos porque querrán garantizarse la vivienda que más se adapta a sus gustos o necesidades. Así pues, el inquilino pagará la parte del precio que exceda los límites establecidos de forma irregular, esto es, en negro, de modo que el propietario no incluirá en la declaración de la renta ese dinero cobrado en B y se reducirá de esta forma la recaudación pública. Además, en Canarias se da la circunstancia, tal como agrega el delegado en las Islas de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), Isidro Martín, de que ya hay entre 10.000 y 12.000 viviendas alquiladas en la economía sumergida, es decir, al margen de las que declaran esos 75.000 canarios en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Bernardos, que es profesor de Teoría Económica en la Universidad de Barcelona, hace también hincapié en que hay propietarios que directamente optarán por sacar la vivienda del mercado del alquiler, al ver reducirse sus ingresos, y venderla. Esto reducirá la oferta, y la caída de la oferta es una de las causas de la subida de los precios, con lo que la intervención del mercado provocará justamente aquello que se pretende evitar. La pescadilla que se muerde la cola, ya que habrá menos casas en arrendamiento para una demanda creciente. Y aún hay un tercer gran inconveniente que desaconseja el control de los precios: la concentración de la población.
El economista recuerda que ya se ha visto en experiencias como la de Berlín que medidas de este tipo se traducen en que muchas más personas quieran alquilar allí donde hasta ahora no han podido. Quien por 600 euros mensuales vive en barrios de la periferia de Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, se mudará al centro en cuanto la Administración baje artificialmente los alquileres. Y ocurre que no hay oferta, casas, para todos, con lo que habrá quien consiga piso y también quien no lo consiga por más que se limiten los precios. En definitiva, "mucha más gente querrá alquilar, mucha más gente no logrará alquilar y mucha más gente acabará decepcionada con la política precisamente por no poder alquilar", subraya.
La mayoría de los 74.323 canarios que declaran ingresos por el alquiler de viviendas, exactamente un 65,5%, están entre las rentas medias-bajas. Declaran ingresos totales (incluidos los del trabajo, las actividades económicas y demás) de menos de 30.000 euros al año, con lo que los alquileres son para muchos una ganancia vital.
