05 de enero de 2020
05.01.2020

Los 'catastrazos' y los drones de Hacienda disparan el recibo del IBI en 185 millones

La recaudación crece un 58% tras la subida del impuesto y la detección de inmuebles ocultos

05.01.2020 | 00:48
Panorámica de Santa Cruz de Tenerife tomada desde las cumbres de Anaga.

La actualización de los valores catastrales tras años estancados, la consecuente subida del tributo y la búsqueda por tierra y aire de inmuebles ocultos al fisco han disparado sobremanera la suma que los canarios desembolsan cada año a los ayuntamientos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El catastrazo, o más bien los catastrazos que se han llevado a cabo desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, han acarreado a los ciudadanos del Archipiélago un gasto extra de 185 millones de euros anuales. Esa es la cuantía en que se ha incrementado la recaudación pública por el IBI, el impuesto que en la región se conoce comúnmente como la contribución, desde 2008. Y es que no solo ha subido el tributo, sino que ha aumentado también sensiblemente el número de propiedades (viviendas, pisos, locales, edificios, fincas...) que el fisco tiene contabilizadas en la Comunidad Autónoma. No en vano, los técnicos de Hacienda emprendieron en Canarias una minuciosa investigación (en la que incluso llegaron a utilizar drones para tomar imágenes aéreas) que hizo aflorar casi 135.000 construcciones en negro, es decir, construcciones por las que sus dueños nunca habían pagado ni un solo euro en concepto de IBI.

La Dirección General del Catastro, el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas encargado de inventariar los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales (como, por ejemplo, las instalaciones para la producción de energía), acaba de publicar los datos de la liquidación del IBI correspondientes a 2018. Se trata de las primeras cifras que permiten traducir en euros los efectos del catastrazo en las Islas. Los 88 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma recaudaron por el IBI (que forma parte de las tasas municipales) un total de, exactamente, 504,8 millones de euros. ¿Mucho o poco? En realidad muchísimo, al menos en comparación con lo que los ciudadanos del Archipiélago abonaban antes de que Hacienda se pusiera las pilas para actualizar el inventario y descubrir construcciones irregulares. Esos más de 500 millones que anualmente recaudan las corporaciones locales de las Islas suponen la friolera de un 58% más de lo que ingresaban antes de que se pusiera en marcha la maquinaria del Ministerio.

No obstante, ese importe se quedará pequeño en cuanto se dé a conocer la recaudación del año pasado, y se incrementará también en 2020. Seis municipios de las Islas (Arico, El Rosario, Güímar y Puerto de la Cruz, en Tenerife; Mogán, en Gran Canaria; y Yaiza, en Lanzarote) estrenaron el 1 de enero nuevos valores catastrales al alza, lo que subirá el recibo del IBI de sus vecinos una media de un 3%.

El IBI que paga cada ciudadano depende en primer lugar del número de inmuebles que tenga. A cada una de estas propiedades se le asigna un valor catastral, que es un índice que fija la Administración a partir de una serie de criterios, fundamentalmente la ubicación del inmueble, el coste que tuvo su construcción y el precio del suelo. Y es este índice, el valor catastral, al que se le aplica la carga fiscal que cada ayuntamiento establece dentro de los márgenes que permite la ley. Así pues, el incremento del valor catastral repercute directamente en el recibo del IBI, ya que si aquel sube lo hace también el impuesto. Salvo que el municipio, eso sí, neutralice el aumento del valor catastral reduciendo la carga fiscal, esto es, el porcentaje que se aplica a la base imponible y que en última instancia da como resultado el dinero que el vecino deberá pagar. Sin embargo, no ha sido este el caso de los ayuntamientos canarios.

Después de octubre de 2007, cuando estalló la gran crisis económica, los efectos de la recesión en los ingresos públicos no tardaron en hacerse sentir. Cayó enseguida la recaudación por el desplome del consumo y la inversión, de las licencias de obras o de las matriculaciones de vehículos, pero los ingresos por el IBI no solo no sintieron el golpe, sino que incluso continuaron creciendo.

En 2008, el primer año que discurrió sumido de lleno en la crisis, el conjunto de las corporaciones municipales del Archipiélago recaudó 318,9 millones de euros en concepto de IBI. En 2018, la cifra rozó los 505 millones, casi 186 más. De hecho, la cantidad que los canarios abonan por este impuesto no ha dejado de crecer.

Ese aumento sin pausa del recibo del IBI obedece a varios factores. Aunque entre ellos están las nuevas construcciones, este no es ni de lejos el principal factor, entre otras cosas porque el fin de la burbuja inmobiliaria redujo el sector del ladrillo a la mínima expresión. La causa fundamental han sido así los catastrazos. El primero el que provocó el entonces Gobierno de Mariano Rajoy cuando en lo peor de la crisis (2012 y 2013) decidió aumentar los tipos de interés del IBI a pesar del rechazo de muchos ayuntamientos. Luego vinieron las actualizaciones de los valores catastrales en municipios que en tiempos de burbuja, con los ingresos públicos inflados, nunca repararon en que sus índices llevaban años, lustros y hasta décadas sin modificarse, lo que condujo a la subida del recibo. Y a esto se sumó en 2014, un año después que en el resto del país, el inicio de la campaña de Hacienda para descubrir construcciones ocultas, que concluyó en 2018.

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