Entre 2014 y 2018, los técnicos de Hacienda peinaron las Islas para descubrir construcciones por las que sus propietarios venían esquivando el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Es decir, construcciones ocultas al fisco, y entraron ahí desde las ampliaciones o mejoras de viviendas (un nuevo balcón o terraza, una caseta, un trastero...) hasta incluso casas de nueva planta que hasta el momento habían pasado desapercibidas a efectos tributarios. Y también piscinas. De hecho, los funcionarios, gracias entre otras cosas a la ayuda de los drones, que les permitieron tomar imágenes aéreas, dieron con alrededor de 4.050 piscinas sin regularizar. El trabajo de los empleados públicos se saldó, tras inspeccionar cerca de 1,6 millones de inmuebles, con 134.873 construcciones que no habían sido declaradas. Aunque el número de bienes investigados fue mayor en la provincia de Las Palmas, fueron más los regularizados en la de Santa Cruz de Tenerife (72.661) que en la demarcación oriental (62.212). El año ha comenzado con nuevos valores catastrales al alza en 1.092 municipios de toda España, entre ellos cuatro tinerfeños: Arico, El Rosario, Güímar y Puerto de la Cruz.