El Tribunal de Cuentas aclarará al fin si los 400 millones de euros que cada año se destinan para subvencionar el transporte aéreo de canarios, baleares, ceutíes y melillenses están sirviendo a las aerolíneas para lucrarse con subidas artificiales de los precios. En concreto, el máximo órgano de control del dinero público investigará a lo largo de 2020 los fondos con que se sufragó la rebaja de los billetes de avión en los dos últimos años. La fiscalización abarcará así el primer año y medio de vigencia del descuento del 75%, que los isleños disfrutan desde el 16 de julio de 2018. Ese día se materializó el incremento de la subvención del 50 al 75% del precio del billete, una conquista de los ciudadanos de los territorios extrapeninsulares en la que tuvieron mucho que ver los nacionalistas canarios, que exigieron el aumento de estas ayudas a cambio de su apoyo a los presupuestos del entonces Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin embargo, el coste de los vuelos entre Canarias y la Península ha crecido sobremanera desde que empezó a aplicarse la bonificación del 75%, un hecho que corroboran los datos tanto del Ejecutivo central como del regional y que cuestiona la eficacia y eficiencia del actual sistema de subvenciones. En definitiva, existe el temor, y para muchos la certeza, de que las aerolíneas inflan artificialmente los precios de los vuelos para hacer su particular agosto con el descuento del 75%.

Las críticas de los usuarios, que se topan con precios para viajar de Madrid a las Islas que superan los 600 euros (volar a Canarias en fin de año desde la capital de España salía mucho más caro que hacerlo a Roma o a Londres, por ejemplo), no han hecho más que arreciar, como también las sospechas sobre las prácticas de las compañías aéreas. Las empresas vienen insistiendo en que ni ha habido pacto de precios, ni estos han subido tanto como se sospecha (de hecho la demanda ha aumentado, argumentan), ni existe ningún otro factor que engorde las tarifas más allá de la ley de la oferta y la demanda. Pero el caso es que las voces que alertan sobre ese pretendido incremento artificial de los precios no son únicamente las asociaciones de consumidores y usuarios, sino incluso los propios Gobiernos. No en vano son cerca de 400 millones de euros, exactamente 382 millones tanto en 2018 como en 2019 (se prorrogaron los presupuestos generales del año anterior), los que cada ejercicio salen de las arcas públicas para financiar el descuento del 75%. La importancia de esta cuantía y la polémica que se ha suscitado están detrás de la decisión del Tribunal de Cuentas, que investigará el asunto a iniciativa propia, es decir, ni por mandato de las Cortes ni por imperativo legal, lo que da una idea de la relevancia que el supremo órgano fiscalizador de los fondos públicos le concede a esta cuestión.

La institución que preside María José de la Fuente y de la Calle aprobó en el pleno celebrado el 19 de diciembre su programa de actividades para el nuevo año, en el que incluye la Fiscalización de las ayudas al transporte aéreo financiadas con cargo al Programa 441O del Ministerio de Fomento, ejercicios 2018 y 2019. El anuncio del Tribunal de Cuentas llega cuando aún no se ha publicado ninguno de los tres estudios o análisis que adelantó el ministro de Fomento. José Luis Ábalos avanzó a mediados de septiembre que ha encargado a la Universidad Pompeu Fabra "un análisis completo del esquema actual de subvención", un trabajo al que se suman la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para determinar si ha habido o no prácticas empresariales que atentan contra el libre mercado y un tercer estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para analizar "en profundidad" el sistema de ayudas.

Incremento del 24%

En espera de lo que digan la universidad catalana, la CNMC y la AIReF, que previsiblemente harán públicas sus investigaciones antes que el Tribunal de Cuentas (las conclusiones del órgano fiscalizador no se sabrán hasta el próximo año), el Gobierno de Canarias sostiene que en los siete primeros meses de 2019 se produjo un incremento medio del precio de los billetes de avión de un 24%. En tal caso, las tarifas de los vuelos entre Canarias y la Península habrían subido en igual medida que el descuento en favor de los isleños.

Fue el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno autonómico, Sebastián Franquis, quien informó en el Parlamento regional de ese aumento de los precios del 24%, pero los datos que maneja el Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres se los suministró el Ministerio de Fomento. El mismo José Luis Ábalos avanzó en septiembre que efectivamente se habían producido subidas de las tarifas de los vuelos en cifras similares a las que Sebastián Franquis daría a conocer a la Cámara canaria dos meses después.

La CNMC aún no ha hecho público el estudio, en que lleva meses trabajando, sobre posibles prácticas contra el libre mercado tras el alza de las tarifas de los vuelos entre Canarias y la Península. Ello no obstó, sin embargo, para que su presidente, José María Marín Quemada (ahora en funciones), dijera en una reciente comparecencia ante el Parlamento regional que "los precios bonificados se traducen en una subida de precios y en un aumento de la cuenta de resultados de los accionistas". Según Marín Quemada, "eso pasa siempre", así que "ustedes sabrán por dónde quieren ir, eso es el abecé de esta historia", agregó. Por su parte, desde Canarios Sin Alas, una asociación de isleños residentes en la Península de las más activas contra los altos precios de los vuelos al Archipiélago, su presidente, Fernando Cabrera, lamentó que el actual sistema de subvenciones "no solo no está acercando a los residentes a la Península, sino que está alejando a los no residentes de las Islas". Cabrera aseguró que en las últimas semanas se ha llegado a topar con precios que superan los 800 euros. "Estas Navidades ha sido peor que las anteriores", explicó el representante de la asociación, que pidió a los Gobiernos ponerse manos a la obra para lograr políticas que, "de verdad", acerquen a las Islas y la Península.