Seis municipios de Canarias suben desde mañana de forma automática su Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) tras la actualización aprobaba por el Consejo de Ministros el pasado viernes a petición de los municipios. Se trata de las localidades tinerfeñas de Arico, El Rosario, Güímar y el Puerto de la Cruz, a los que se suman Mogán (Gran Canaria) y Yaiza (Lanzarote). En estos casos, el coeficiente de actualización será del 1,03, dado que la última vez que modificaron este impuesto fue posterior a 1989 y anterior a 2011, mientras que a los que no lo cambian desde 1989 o antes se le aplicará un 1,05 más en la valoración de sus propiedades.

Esas subidas se traducirán en un aumento medio del 3% en estos municipios isleños y en el resto de localidades españolas con la misma subida del coeficiente (un total de 1.005). En el caso de El Rosario y Güímar, la última vez que se revalorizó el IBI fue en el año 2000, mientras que, en el Puerto y Arico, en 2001. Por su parte, Mogán es el municipio canario que llevaba más tiempo sin actualizar este impuesto, desde 1995, y Yaiza no lo hacía desde 1999.

Aunque esta actualización se produce a petición de los consistorios y resulta obligatoria desde la orden del Ministerio de Hacienda del 17 de diciembre, el IBI es un impuesto municipal que sigue dependiendo de los ayuntamientos, que tienen margen para subir o bajar el tipo. Con la renovación del valor de las propiedades (catastro), sin embargo, cambia la base imponible y, por tanto, de ahí estas subidas, con un 3% de media estatal y un máximo del 5% en el caso de las localidades que no lo suben de 1984 a 1988.

Propietarios de viviendas

El IBI representa el impuesto que pagan los dueños de casas, locales y terrenos, siempre en función de la ubicación de los mismos, pues suele ser más bajo en suelos agrícolas, protegidos o no urbanos. Eso sí, la actualización del pasado viernes se aplicará solo al IBI urbano y supondrá una rebaja en aquellos municipios que renovaran esta carga de 2011 a 2013. Unos años en los que la revalorización se veía aún muy afectada por los elevados precios de la vivienda, si bien ya eran evidentes los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria. En este caso, el coeficiente será del 0,97.

El nuevo catastro fijado por el Gobierno central afecta a un total de 1.092 municipios de todo el país. De ellos, 1.005 verán revisados al alza sus valores y 87 experimentarán descensos, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado sábado.

Como ejemplo, y para viviendas que tenían una valoración de 100.000 euros entre 1989 y 2011, la subida les llevará a un valor catastral medio de 103.000 euros, mientras que los casos en los que no se actualizaba el IBI desde 1989 o antes quedan en 105.000. Las rebajas para los de 2011 a 2013 los dejarán en 97.000 euros a efectos catastrales. La renovación del coeficiente representará una subida del IBI en 16 capitales de provincia. Es lo que ocurre en Girona, que no lo actualiza desde 1990; Valladolid y Córdoba (1995); Teruel, Palencia y Cádiz (1996); Jaén, Logroño, Granada y A Coruña (1997); Valencia y Lugo (1998), Huelva (2000) y Sevilla, Huesca y Tarragona (que no lo actualizan desde 2001). Por el contrario, los valores catastrales bajarán en Castellón (que los renovó en 2012), así como en Zaragoza y Guadalajara, capitales que los actualizaron en 2013.

Estas últimas actualizaciones se hicieron cuando ya se había puesto fin a la burbuja inmobiliaria. Desde entonces, se han prodigado más las reducciones. En este 2020, de hecho, se prevé un aumento del IBI menos generalizado, mientras que en 2019 subió en 728 localidades y bajó en 449.

La orden ministerial puede ser aún recurrida en un plazo máximo de dos meses en la Audiencia Nacional. Para que los municipios afectados puedan aplicar los cambios, Hacienda fija tres requisitos. El primero obliga a que hayan transcurrido, "al menos, cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general", con lo que debe ser anterior a 2015.

También se exige que se evidencien "diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio". Esto es lo que ocurre, sobre todo, con los efectos de la burbuja. Además, se le pedía a las localidades que la solicitud para adherirse se comunicara a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo, plazo que fue prorrogado para 2019 hasta el 31 de julio en virtud de la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 27/2018.

Entre los municipios que experimentarán una subida mayor del coeficiente (del 1,05), se encuentran los avilenses San Sebastián del Valle (que no renueva desde 1987) y Zapardiel de la Ribera (1987) o los barceloneses Centelles (1988), Cercs (1986), Lluça (1988), Martorell (1987), Montesquiu (1985), Palafolls (1986) o Sora, entre otros. También de Burgos, Cáceres, Castellón, Córdoba, Cuenca (donde se dan dos casos de 1984: Tebar y Villalba de la Sierra, los que más tiempo llevan sin renovar su IBI), Girona o Guadalajara. También se registran en Pontevedra, Salamanca, Tarragona, Teruel y Valladolid,