La concentración va cobrando fuerza a medida que avanza la mañana. Cuando son poco más de las nueve, apenas una decena de africanos se congrega en los alrededores de la plaza de Europa de la capital tinerfeña. Primero se concentran, portando carteles alusivos a sus reivindicaciones, en un lateral del edificio de Hacienda. Después debaten -en inglés, la lengua que comparten, pues proceden de diferentes países- dar un paso más, y lo hacen. Se sitúan frente a la puerta de la Delegación, a donde van llegando cada vez más afectados. La creciente afluencia les insufla ánimos y elevan el tono de sus cánticos. "Los contenedores, las mercancías, los zapatos, los coches... ¡no son basura!", exclaman.

Alrededor de veinte contenedores se encuentran paralizados en los puertos de ambas provincias desde hace más de tres meses después de que a través de un análisis con escáner se determinara que algunos de los electrodomésticos que hay en ellos son residuos. Los recipientes ni siquiera han sido abiertos para verificar este diagnóstico, algo que los afectados no entienden, como tampoco ven lógico que no se les haya contestado a la solicitud de retirar los productos teóricamente contaminantes para fletar los barcos con el resto.

El embrollo administrativo que ha conducido a esta situación no es fácil de explicar. Un real decreto de 2015, que hasta el momento no se había aplicado para este tipo de casos, establece la obligación de cumplir una serie de requisitos para demostrar que lo que se transporta es un aparato eléctrico o electrónico usado y no un residuo. Parte de la documentación exigida resulta muy difícil de aportar si el artículo se ha comprado en un rastro -"nadie te da recibo en un rastro", dicen-, con lo que solo cabe la opción de enviar la carga declarando que se trata de residuos. Esto no solo precisa de una autorización del Ministerio de Transición Ecológica, sino que, según este colectivo de personas, dificulta su entrada en sus países. De cualquier manera, ellos aseguran que ni siquiera se les ha planteado esta posibilidad.

En los lugares de donde estos ciudadanos son originarios -Nigeria, Ghana, Senegal, Conakry, Mali, Mauritania...-, sus familias o empresarios locales con los que tienen acuerdos reciben la carga remitida desde Canarias y la venden. Lo que en el Archipiélago puede ser un producto en desuso -tanto como para ser considerado un residuo- allí puede ser perfectamente apto para su utilización.

Esto es lo que ocurre con muchos electrodomésticos. Pero en los contenedores de los afectados hay mucho más que eso: vehículos de segunda mano -con su baja correspondiente en las Islas-, ropa, calzado... Cada uno de estos recipientes encierra productos por un valor total que alcanza o supera los 30.000 euros, unas cantidades que permiten hacerse una idea de la angustia que sienten sus propietarios ante su próxima destrucción, para la que solo faltan unos días.

Hemos invertido nuestros ahorros en estos contenedores; La mercancía de segunda mano; Destruirlo es destruir mi trabajo; Por favor, miren el aspecto humano o Hay cosas nuevas en los contenedores eran algunos de los lemas pintados sobre cartulinas que portaban ayer los afectados. El grupo permaneció cerca de cinco horas frente a la Delegación de Hacienda, donde registraron un escrito en el que solicitaban que alguien les atendiera. Nadie lo hizo.