19 de diciembre de 2019
19.12.2019

A la basura 20 contenedores de productos de segunda mano para países de África

El Gobierno central ordena destruir la carga que un colectivo de africanos residentes en las Islas lleva años enviando a sus lugares de origen al catalogarla como residuos

18.12.2019 | 19:30
El Centro de Inspección Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Un grupo de ciudadanos de diferentes países africanos residentes en Canarias se ha encontrado de forma repentina con el final de la que era hasta el momento su forma de ganarse la vida y ayudar a los familiares y allegados a los que han dejado atrás. Durante años, han comprado diferentes artículos en rastros y comercios de segunda mano para luego enviarlos, junto a ropa y alimentos, por transporte marítimo a sus países, donde eran usados o de nuevo vendidos, sin que desde Aduanas se les pusiera ningún impedimento. Ahora, sin previo aviso y sin mediar ningún cambio normativo, parte de los productos que ya están en contenedores en los puertos de las dos capitales canarias, fundamentalmente electrodomésticos, han sido catalogados como residuos, de manera que se les ha denegado la salida. Y no solo eso: se les ha comunicado que el contenido de estos recipientes de carga será destruido en un plazo de veinte días.

Según fuentes del transporte de mercancías, son más de una veintena los contenedores que están paralizados desde hace más de tres meses en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. La reacción de los afectados oscila entre la desesperación -aseguran que esta es su vía principal de sustento-, la indignación y el desconcierto. Nadie les ha notificado -ni a ellos ni a la agencia de transporte con la que trabajan- la normativa según la cual lo que antes realizaban sin ningún tipo de trabas ahora no solo se ha convertido en inviable, sino que además obliga a destruir la mercancía que han adquirido con esfuerzo y, en algunos casos, con la ayuda de préstamos.

Aunque es Aduanas -dependiente de la Agencia Tributaria- el organismo que ejerce las actuaciones materiales de control en los puertos, el cambio en el criterio utilizado para determinar si el envío de los contenedores se autoriza o no corresponde al Ministerio de Transición Ecológica, del que ayer este periódico intentó, sin éxito, obtener una respuesta. Lo cierto es que un real decreto de 2015 establece una distinción en el ámbito del transporte entre los aparatos eléctricos y electrónicos usados y los residuos de estos. Según esta normativa, que hasta ahora no se había aplicado, si no se acredita que el material es "plenamente funcional" y se cumple una serie de requisitos se entiende que se trata de un residuo, y para transportarlo como tal se necesita autorización del Ministerio.

El colectivo de ciudadanos africanos -que enviaba este cargamento a países como Nigeria, Ghana, Conakry o Senegal- ve "ilógico" que los artículos que han comprado sean catalogados como residuos cuando son vendidos libremente en rastros y comercios dedicados a los productos usados. "Si es así, deberían cerrar los rastros y las tiendas", afirman. Tampoco entienden que no se hayan abierto los contenedores para examinar los productos y confirmar que entre ellos hay residuos, sino que se haya determinado a través de un escáner, así como que su petición de retirar la parte de la carga problemática para enviar el resto no haya recibido contestación.

Los afectados cifran en más de 30.000 euros el valor de la carga de cada contenedor, entre la que hay desde aparatos electrónicos hasta coches. "Mucha gente está sobreviviendo con esto, aquí y allí. Hay familias pasándolo mal", advierten. Ante la gravedad de su situación, han decidido realizar una concentración mañana en las instalaciones portuarias. La cuenta atrás para la destrucción de lo que constituye su medio de vida ha empezado a correr y no tiene visos de detenerse.

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