El Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha archivado la causa contra nueve de los 26 procesados en el denominado caso Fundescan, entre ellos el exconsejero de Empleo del Cabildo de Gran Canaria y miembro de la ejecutiva insular del PSOE de Gran Canaria, Gilberto Díaz. El auto de sobreseimiento exonera al dirigente socialista y al resto de encausados del presunto delito de estafa continuada que figuraba en el procedimiento abreviado abierto por el juez en febrero de este año.

El caso abierto contra Díaz le supuso que fuera apartado de la actividad política y del puesto que el PSOE le había reservado como número tres de la candidatura al Parlamento de Canarias por Gran Canaria. El comité regional de ética de los socialistas propuso que se excluyera de las listas electorales a Díaz por la imputación del Juzgado.

El caso Fundescan investiga por apropiación indebida, estafa y fraude en subvenciones públicas a miembros del patronato y exdirigentes del sindicato UGT por presuntamente utilizar subvenciones destinadas para cursos con otros fines como cubrir agujeros económicos del sindicato. En total se procesó a 26 personas entre exdirigentes de UGT y de Fundescan con diversas penas de prisión y multa. Tras la solicitud realizada por varias defensas, entre ellas la de Gilberto Díaz, el juez ha considerado que la causa actual que se dirime en el juzgado investiga a partir de la providencia dictaminada en mayo de 2017, mientras que el resto de los encausados queda fuera por haber prescrito en 2015. Por ello el magistrado dicta el sobreseimientocontra seis imputados. Tras quedar fuera de la imputación, Díaz considera "injusto" que en el auto judicial que le encausaba se aludiera a una "confabulación" cuando no estaba en la dirección de UGT cuando se produjeron los hechos, ni tuvo relación con los programas de formación, ni actividad con las subvenciones otorgadas a Fundescan. Sin embargo, esta situación provocó que Díaz quedara fuera de las listas electorales, algo que también cuestionó ya que en los estatutos del partido se establece que un un militante es apartado de la actividad pública cuando se le abre juicio oral, algo que no había sucedido cuando se confeccionaron las candidaturas para las elecciones autonómicas del 26 de mayo.