La batalla que ha librado en los tribunales el sector primario del Archipiélago para que las bonificaciones fiscales de las ayudas a la producción agrícola puedan disfrutarse con carácter retroactivo ha terminado con éxito en el Supremo. El alto tribunal ha inadmitido el recurso de casación presentado por la Abogacía del Estado, que pretendía que estas deducciones solo se aplicasen a partir de 2019, coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas.

La decisión ha sido comunicada a la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias), que informó de ella en un comunicado, en el que a su vez explica que ahora se abre la vía para que los agricultores reclamen a Hacienda la bonificación del 50% a las ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) y, por lo tanto, el reintegro de los importes indebidamente cobrados por el fisco. Podrán interponer esta acción quienes no cuenten con sentencia firme por este motivo. Según la propia Abogacía del Estado, las cantidades en litigio rondan los 20 millones de euros.

El recurso estatal se dirigía contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que daba la razón a una empresa dedicada al cultivo y la comercialización de plátanos y que defendía que el REA y el Posei debían incluirse en el cálculo de las bonificaciones, pese a que el propio Tribunal Supremo lo había rechazado en 2011 al entender que el REF entonces vigente no lo preveía de forma expresa. Ahora, la Abogacía del Estado ha pretendido, sin resultado, limitar los efectos de las sentencias del tribunal autonómico al ejercicio 2019 -el primer año fiscal tras la aprobación del renovado fuero isleño- y siguientes.

Según la información facilitada por Asaga, el Supremo concluye que la cuestión planteada carece de interés casacional, puesto que la propia ley del REF de 2018 aclara su interpretación. A juicio de la organización agraria, la resolución del tribunal supondrá "un alivio" para aquellos agricultores y ganaderos que no tengan aún una sentencia firme, ya que les va a permitir invocar esta doctrina y pedir, para aquellos ejercicios no prescritos, la corrección de sus liquidaciones fiscales.

"Hay muchos agricultores y ganaderos afectados que lo han pasado muy mal y algunos incluso se han quedado en la ruina cuando la Agencia Tributaria exigió regularizar cuatro años, lo que ocasionó un grave perjuicio al sector", explica la presidenta de Asaga, Ángela Delgado.