Ni el Gobierno ni las organizaciones empresariales de las Islas están dispuestos a llevarse sorpresas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. El Régimen Económico y Fiscal (REF) quedaría así en agua de borrajas, de modo que una medida con la que la OCDE persigue una mayor y mejor redistribución de rentas en pos del desarrollo socioeconómico global causaría en Canarias justamente lo contrario. Si ya es difícil convencer a los empresarios de que el Archipiélago es el lugar idóneo para hacer negocios, sería prácticamente imposible sin una rebaja en el impuesto de sociedades que los anime a emprender la aventura (y de paso crear empleo). Tan imposible como mantener la industria local sin que su heroica apuesta por la región tenga como contrapartida una menor carga tributaria.
El Ejecutivo canario ya ha transmitido al Gobierno central la necesidad de dejar meridianamente claros ante la OCDE los argumentos que justifican el fuero autonómico, que se resumen en la lejanía respecto de la Europa continental, la fragmentación del territorio, la falta de recursos naturales y la consecuente fragilidad de una economía anclada en el monocultivo turístico. Sin REF, la aún muy deficiente diversificación económica no sería más que una quimera, de ahí que el Gabinete que preside Ángel Víctor Torres haya decidido anticiparse para evitar disgustos. Una acción preventiva a la que se ha sumado la patronal, que de hecho ya ha elevado a la OCDE tres escritos de alegaciones en los que recuerda que el REF cuenta con el amparo de Europa, la gran baza de Canarias en defensa de su fuero.
Fue en 2017 cuando el G20, el grupo que forman las 19 naciones más representativas de los países industrializados y potencias emergentes (el vigésimo asiento es para la UE), encargó a la OCDE un estudio sobre la fiscalidad internacional. En concreto sobre los cambios necesarios ante los retos que imponen la globalización y el exponencial crecimiento del comercio y la economía digitales. No en vano, gigantes como Google o Facebook han puesto de manifiesto que el actual sistema tributario global, ese que se ideó en la década de los veinte del siglo pasado, ha dejado de ser el garante de los derechos fiscales y, en consecuencia, del mínimo exigible en la redistribución de rentas. Las empresas se valen de los holdings, de las entidades de tenencia de valores extranjeros, de las filiales instrumentales y de la indispensable colaboración de países y territorios que practican un descarado dumping fiscal (Irlanda y su irrisorio impuesto de sociedades es uno de los más claros ejemplos en Europa) para no tener que tributar lo que en justicia tendrían que tributar. El caso de Apple es paradigmático. La multinacional se ahorró unos 13.000 millones de euros en impuestos entre 2003 y 2014 con la connivencia de las autoridades irlandesas y aun cuando su negocio no se circunscribe a Dublín, ni muchísimo menos.
Así que la OCDE se ha puesto manos a la obra y ya ha lanzado sus dos primeras grandes propuestas: que los Estados puedan gravar a las multinacionales que hacen caja con sus ciudadanos aunque no tengan presencia física en el país (Apple factura a sus clientes canarios desde Irlanda) y que se ponga en práctica un impuesto de sociedades mínimo a nivel internacional. Dos propuestas que han sido saludadas más como medidas sociales que como meras reformas fiscales pero que, paradójicamente, operarían en Canarias en sentido contrario. ¿Por qué? Porque la empresa que quiere instalarse en las Islas atraída por el ahorro que le reportarán la Zona Especial Canaria (ZEC) o la Deducción por Inversiones en Canarias (DIC) no se instalará si estos incentivos resultan en papel mojado por la obligación de pagar sí o sí un impuesto mínimo. Las empresas que se integran en la ZEC, por ejemplo, solo tributan al tipo reducido del 4% (el general es el 25%), un beneficio fiscal que, además, pueden compatibilizar con el disfrute de la DIC o las zonas francas. Sin este anzuelo, sencillamente no vendrían.
Y no estarían ni las empresas ni tampoco los puestos de trabajo que generan. En esto subyace la diferencia entre el dumping fiscal de Irlanda y el fuero canario, un instrumento con el que se intenta paliar la situación de desventaja del Archipiélago (exportar desde las Islas, por ejemplo, es una odisea). Las dos patronales provinciales y la sectorial de la industria, Asinca, han recordado a la OCDE que las singularidades tributarias de la comunidad se fundan en el Tratado de Funcionamiento de la UE. No obstante, el Gobierno regional ha puesto al Ministerio de Hacienda al tanto y existe el firme compromiso de dar un toque de atención a la OCDE para recordarle que el REF es intocable.
