La contribución del sistema fiscal y las prestaciones públicas a la reducción de la desigualdad es un hecho y se puede medir. Lo ha hecho la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) a través de un informe en el que incluye información detallada sobre la distribución de la renta en cada una de las comunidades autónomas. El estudio revela que Canarias figura entre los territorios que presentan una mayor inequidad en este aspecto. Así, el 1% más rico de la población concentra mayor renta -un 5,52% del total de la región- que el 20% más pobre -que reúne un 3,91%-, según datos del año 2017. Esta diferencia entre los dos extremos es la más abultada de todo el país.

El cuarto informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones monetarias entre los hogares residentes en España, elaborado por Julio López Laborda, Carmen Marín y Jorge Onrubia, calcula el impacto distributivo del sistema impositivo y las prestaciones monetarias públicas -a partir de la información contenida en la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)- y concluye que contribuye a rebajar un tercio la desigualdad de rentas en el conjunto del país.

De vuelta al caso del Archipiélago, la investigación de los economistas de Fedea permite comprobar cómo la proporción de la renta que está en manos del sector más desfavorecido de la población -hogares con rentas brutas inferiores a 12.892 euros anuales- es la menor de toda España, apenas un 3,91% del total autonómico. La media nacional se cifra en el 4,83%, de lo que se concluye que los canarios con menor renta son los más pobres del país.

En cuanto a los más ricos -ese 1% con una renta superior a 141.939 euros-, son ligeramente menos prósperos que los del conjunto de España, pues acumulan un 5,52% de la renta, en tanto que el promedio nacional asciende al 5,70%. Cuando se amplía el foco hasta el 20% más rico se observa que concentra algo menos de la mitad de la renta de la Comunidad Autónoma, un 46,43%, en la línea de lo que ocurre en todo el país (46,06%).

Las Islas figuran también como la región con una mayor concentración de hogares en el tramo más bajo. Un 32% de las unidades familiares canarias presenta rentas brutas por debajo de los mencionados 12.892 euros al año. A continuación se sitúan Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. La proporción de hogares pobres del Archipiélago representa el 161% de la media nacional, mientras que la población encuadrada en el 1% más favorecido se encuentra un 32% por debajo del promedio español. Baleares y Madrid -con un 190% y un 185% de la media, respectivamente- son las comunidades autónomas que registran un mayor porcentaje de sus hogares en el tramo más alto de renta.

El informe de Fedea incorpora información sobre el efecto de los impuestos y las prestaciones monetarias por tramos de renta para cada comunidad autónoma, que reproducen -a grandes rasgos y teniendo en cuenta las diferencias entre ellas- la tendencia que muestra el conjunto del país. Para los hogares españoles correspondientes al 20% más pobre, el resultado de la intervención pública a través del sistema fiscal y las prestaciones supone un subsidio neto del 40,7% de su renta brutal; es decir, reciben a través de los mecanismos redistributivos más de lo que pagan en impuestos. Para los situados en el 1% más rico el resultado es un impuesto neto del 30,6% de su renta bruta (los tributos que abonan superan en ese porcentaje las prestaciones que reciben). Por tanto, los hogares menos favorecidos son beneficiarios netos de la intervención pública y los más prósperos aparecen como contribuyentes netos.

Subsidio neto

En el caso de Canarias, el saldo entre prestaciones e impuestos en el 20% más pobre refleja un subsidio neto cuya cuantía sobrepasa con claridad la media nacional: un 46,1%. Mientras, la contribución del 1% más rico es levemente inferior a la del conjunto de España, puesto que la intervención pública se traduce en un impuesto neto del 30,4% de su renta bruta. Seis de cada diez hogares del Archipiélago -los situados en los tres tramos inferiores de renta- reciben en forma de prestaciones más de lo que pagan en impuestos.

Del análisis de los datos autonómicos se desprende que, para el 20% más pobre de la población, el saldo entre prestaciones e impuestos es un subsidio neto que varía entre el 60,3% de Castilla y León y el 15,3% de Baleares. En el otro extremo del mapa de la renta, el saldo para el 1% más favorecido es un impuesto neto que varía entre el 39,4% de Madrid y el 15% de Castilla y León.