La desaceleración económica se ha convertido en una realidad en 2019, pero sus efectos ya se dejaban sentir el año pasado. Aun así, Canarias siguió profundizando entonces en su condición de foco de atracción de población trabajadora, que comparte con apenas un puñado de regiones españolas, y eso que presenta los salarios más bajos del país -tras los de Extremadura- y crecientes dificultades en el acceso a la vivienda. La diferencia entre la cifra de asalariados llegados de otras comunidades autónomas y la de los que partieron hacia otros puntos del país alcanzó su máximo desde que comenzó la recuperación de la economía: 1.371 personas. De esta manera, son ya cinco años consecutivos con saldo positivo.

Los datos de la Agencia Tributaria -que no incluyen las comunidades forales de País Vasco y Navarra, con sistemas fiscales propios, ni las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- ofrecen una aproximación al fenómeno de la movilidad laboral y geográfica a través del recuento de las altas, bajas y permanencias en el mercado de trabajo asalariado. Esta estadística revela que 144.145 personas en todo el país se trasladaron entre unas regiones y otras en 2018 para acceder a un puesto de trabajo o mantenerlo, un 3,3% más que en el año anterior. En el caso del Archipiélago, se incrementa tanto el número de trabajadores que se desplazan (5.565, un 5,1% más) como, sobre todo, el de los que llegan procedentes de otros territorios del país (6.936, un 6,5% más que en 2017).

Entre los años 2006 y 2007, justo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria y se desplomara la economía, llegaron a Canarias 1.502 más de los que se fueron (9.497 frente a 8.445). La crisis cambió la tendencia imperante hasta hace algo más de una década e invirtió el saldo migratorio de trabajadores, que pasó a ser negativo. Los primeros indicios de recuperación, en 2013, coincidieron con un nuevo punto de inflexión. Las Islas volvían a ser destino prioritario para la instalación de población asalariada proveniente de otras comunidades autónomas, primero de forma tímida (en 2014 llegaron 336 personas más de las que partieron) y luego con mayor intensidad. El saldo favorable superó por primera vez los mil en esta fase en 2017 (1.112) y ahora ha vuelto a crecer hasta la citada cifra de 1.371.

Solo cinco regiones presentan una diferencia positiva entre trabajadores recibidos y expulsados. Se trata de Madrid (14.670), Cataluña (5.173), Baleares (3.861), La Rioja (89) y la propia Canarias. Se reproduce así la tendencia, ya apreciada desde hace años, que apunta a un desplazamiento de asalariados desde los territorios del centro del país -con la lógica excepción de la comunidad madrileña- hacia el litoral, en el que la pujanza del sector turístico ha sustentado la recuperación de la economía y el mercado laboral. Las regiones que comparten con Canarias los peores indicadores de renta, empleo y salarios exhiben, a diferencia del Archipiélago, saldos negativos: 9.048 en Andalucía y 3.185 en Extremadura.

Las comunidades de las que proceden mayores contingentes de población trabajadora son también, a grandes rasgos, las que reciben más asalariados provenientes de las Islas. El origen más frecuente de quienes se asientan en Canarias para ocupar un puesto de trabajo es Andalucía, de donde en 2018 vinieron 1.624 personas. A continuación se sitúa Madrid, con 1.430 trabajadores. En tercer lugar aparece Cataluña, de donde proceden 815 asalariados afincados en el Archipiélago durante el año pasado, mientras que de Galicia llegaron 703. En el extremo opuesto, como regiones menos emisoras de emigración laboral hacia Canarias, figuran Murcia (42) y La Rioja (31).

Cuando se trata de analizar hacia dónde se dirigieron los trabajadores que en 2017 se encontraban en las Islas, destaca la fuerza de atracción de Madrid. La comunidad de la capital de España fue el destino de 1.600 asalariados procedentes de Canarias. La siguen Andalucía, de donde vinieron 996 personas para trabajar, Cataluña (849) y Galicia (428). Los destinos laborales menos habituales para los trabajadores anteriormente establecidos en el Archipiélago fueron Extremadura, adonde se mudaron 65 personas, y La Rioja, con apenas 23, aunque esta última es una de las pocas comunidades que registran saldo positivo.