Más de veinte medidas aprobó ayer la Diputación Permanente del Congreso para incrementar las ayudas a las empresas afectadas por la quiebra de Thomas Cook. Sin embargo, todas quedarán en el aire. La conformación de las Cortes surgidas de las elecciones del 10-N el próximo martes imposibilita su aprobación en el Senado, no hay tiempo material.
La mayoría de grupos parlamentarios querían mejorar el decreto de ayudas urgentes convalidado el 22 de octubre, pero no habrá efectos prácticos de momento. No obstante, el Gobierno central en funciones ha asumido algunas de esas medidas y animó a volverlas a presentar cuando arranque la legislatura.
La mayoría de las 44 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición recibieron el visto bueno, en casi todos los casos del PSOE, que advirtió desde el primer momento que los plazos parlamentarios impedirían su aprobación definitiva.
Entre esas mejoras se incluyen la ampliación de 15 a 30 millones de euros de los fondos destinados a Canarias -de ocho a quince en el caso de Baleares-, el plazo de un mes para su abono y la extensión de la bonificación del 50% de las cuotas a la Seguridad Social a cualquier tipo de contrato indefinido de las empresas afectadas. También los autónomos dispondrán de este balón de oxígeno.
A esas iniciativas se añaden la moratoria extraordinaria para la devolución de los créditos ICO o la bonificación temporal de las tasas aéreas en los territorios que han perdido conectividad, como es el caso del Archipiélago.
El portavoz del PSOE, el canario Héctor Gómez, recordó que el decreto aprobado en su día fue consensuado con las comunidades autónomas afectadas y con los representantes empresariales y sindicales del sector. El diputado por Santa Cruz de Tenerife aseguró que las medidas de ese primer documento ya están dando "resultados muy positivos" y advirtió de la falta de tiempo para tramitar las nueva iniciativas en el Senado, aunque no aclaró si el PSOE haría valer su mayoría absoluta en esa cámara para frenar las modificaciones del decreto.
De confirmarse en el Senado las enmiendas, sería la primera vez en la historia en que, con las Cortes disueltas, los órganos parlamentarios que sustituyen al pleno tramitan y aprueban un proyecto de ley con enmiendas cuyo texto original fue aprobado por un Gobierno en funciones de manera urgente.
El representante socialista explicó que su grupo se abstuvo por "sentido de la responsabilidad y por los plazos", y resaltó que el decreto tiene medidas "contundentes" para atender solo una situación coyuntural y que el Gobierno está, junto con los Ejecutivos de Canarias y Baleares, trabajando "más allá de estas medidas".
Tras criticar a los grupos por querer "aprovechar" el proyecto para colar medidas de otros ámbitos, aseguró no obstante que el Gobierno compartía muchas de las enmiendas, y les animó a que en la nueva etapa política presenten iniciativas que ahonden en la mejora del sector turístico y en la conectividad de las Islas.
También se refirió a las limitaciones presupuestarias para ampliar algunas de las medidas solicitadas por los grupos por el hecho de contar con un presupuesto prorrogado y del cierre presupuestario que tendrá lugar en el mes de diciembre. "Hay iniciativas que entendemos que son positivas y que se pueden trabajar e incorporar en la acción de gobierno, pero siguiendo el trámite adecuado y oportuno", resaltó.
La Diputación Permanente respaldó muchas de la enmiendas de cada uno de los grupos, así como un paquete de ellas transaccionadas entre el PP, Cs, Unidas Podemos y CC, y otras de estos grupos con el PNV, en algunas de ellas para extender las medidas inicialmente dirigidas a Canarias y a Baleares, también a Andalucía, Cataluña y Valencia.
Entre otras, se aprobó que el Estado asuma durante los próximos doce meses el 100 % del importe de todas las tasas aeroportuarias en Canarias y Baleares para aquellas compañías que aumenten su número de frecuencias con respecto a 2018. El Gobierno habilitará los créditos necesarios para compensar a AENA por la pérdida de ingresos.
Otra propuesta que vio la luz es la de establecer una moratoria de doce meses en la amortización de los préstamos concedidos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a las empresas afectadas y de sus filiales de España o de cualquier otro país, y que garantice el empleo.
En cuanto a la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social incluida en el decreto, ayer se admitió que estas se extiendan a los contratos fijos discontinuos ligados al sector turístico y otros sectores como distribución, transporte y hostelería, así como a contratos fijos y a los autónomos.
Una de las cuestiones planteadas por varios grupos, entre ellos Coalición, Cs y Unidas Podemos, fue la de la aplicación en Canarias de la llamada Quinta Libertad Aérea ya reconocida en el Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma como mecanismo para mejorar la conectividad del Archipiélago y convertirlo en un hub del transporte en las rutas de Latinoamérica con África y Asia que pueden hacer escala.
La portavoz de CC, Ana Oramas, dijo que esa medida "multiplicaría por dos mil la conectividad de Canarias y generaría miles de puestos de trabajo". En los mismos términos se expresó la portavoz de Cs, Melisa Rodríguez, y ambas coincidieron a su vez en mostrar su preocupación no solo por los efectos generados por la quiebra de Thomas Cook, sino también por la desaparición de las bases de Ryanair en las Islas, y por la incertidumbre que genera la fusión de Air Europa con Iberia.
