J. Cuartas

MADRID

Una hipotética crisis de nueva gestación, que inevitablemente llegará en algún momento de acuerdo con la teoría de los ciclos, no debería alcanzar el dramatismo y virulencia de la de 2008 (que se volvió muy destructora porque devino en una triple crisis financiera, soberana e inmobiliaria) salvo una escalada proteccionista aún más beligerante o que los bancos centrales no sean capaces de domeñar la gran burbuja de deuda que han de contribuir a fabricar con la expansión monetaria y la consiguiente elevación vertiginosa de las cotizaciones de los bonos soberanos y corporativos y el hundimiento de su rentabilidad, lo que a su vez ha desplazado a muchos inversores a la asunción de riesgos crecientes.

Ante un supuesto de corrección cíclica de la economía, la española presenta debilidades y fortalezas, y las primeras deben ser motivo de desvelo porque, de persistir o agravarse, determinarían una vulnerabilidad acuciante en caso de que sobrevenga un desfondamiento acusado de la actividad.

La deuda pública española, que ha seguido ininterrumpidamente al alza con todos los Gobiernos desde la crisis de 2008 (se ha situado en 1,2 billones, equivalentes al 97,48% del PIB, cuando el compromiso es situarla en el 60%) constituye un motivo de inquietud máxima. Se trata de la séptima mayor deuda de los 28 países de la UE en relación alPIB nacional, y su propensión a crecer (incluso con tipos de interés ínfimos y negativos) se nutre con el tercer mayor déficit fiscal de la UE(-2,5% en 2018) tras los de Chipre y Rumanía.

Con el quinto menor gasto público de la Unión (si se excluyen siete de los países del Este), la capacidad recaudatoria del fisco español sigue siendo estruendosamente bajo: 39,2% del PIB, igual que Chipre y sólo mejor que Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria, Malta, Irlanda y Reino Unido.

Hoy la prima de riesgo sigue siendo muy baja (80 puntos básicos marcó el viernes, pese al repunte de los últimos días, frente a los 115 de cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa) pero esta benigna comprensión de los diferenciales sobre el interés que paga Alemania por financiarse está respaldado por el mayor crecimiento español y por la cobertura del BCE a los países del euro, por lo que podría deteriorarse muy rápido si cambiasen las circunstancias.

La deuda privada descendió de forma notable desde los 2,1 billones de 2007 a casi 1,57 billones, un saneamiento que no ha impedido que la deuda externa bruta española (y que mide la dependencia y vulnerabilidad de un país), ascienda a 2,058 billones pese a que se redujo por la mejora del saldo exterior por cuenta corriente, que acumula un largo periodo en positivo con la ayuda de un petróleo lejos de los precios máximos, el aumento exportador desde 2009 y de un saldo turístico que compensa con creces el déficit comercial, generado sobre todo por la factura energética. La deuda exterior neta rebasa aún el 70% del PIB, el doble de lo que recomienda la UE.

El desempleo no ha dejado de caer desde 2014 (salvo los repuntes estacionales y últimamente los que motiva el aumento de la población activa) y la ocupación también ha seguido mejorando (la afiliación a la Seguridad Social superó en octubre los 19,42 millones, récord absoluto) y esto aun cuando la desaceleración también ralentiza la contratación. Aun así, el paro, con una tasa del 14%, sólo superada por Grecia, sigue siendo un drama. Ahora, la estimación de que la desaceleración proseguirá va a someter a prueba al mercado laboral: habrá que ver si, aun con la precarización y bajos salarios (aunque mejorados recientemente), España es capaz de generar empleo con el PIB creciendo -como se espera que ocurra en los próximos años- por debajo del 2%. Y esto conecta con otras dos urgencias: España es el sexto país de la UE con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza y el cuarto en desigualdad (lo que tiene efectos económicos y políticos) y tiene pendiente transitar hacia un modelo de mayor productividad y valor añadido.