21 de noviembre de 2019
21.11.2019
PRESUPUESTO

Bruselas insta a España a ajustar el déficit y la deuda

Hace especial hincapié en que España, como otros países, no ha aprovechado la buena coyuntura y los bajos tipos de interés para rebajar su deuda

21.11.2019 | 00:01
Bruselas insta a España a ajustar el déficit y la deuda

La Comisión Europea advirtió ayer a España de que el borrador de presupuestos para 2020 remitido por el Gobierno presenta el riesgo de desviarse de los objetivos de reducción de déficit y deuda y le reclamó unas cuentas actualizadas que incluyan las "medidas necesarias" para cumplir.

Es el mensaje principal de la opinión emitida por el Ejecutivo comunitario tras analizar el plan enviado por el Gobierno en funciones en octubre, que es en esencia una segunda prórroga de las cuentas de 2018 - las últimas del anterior Ejecutivo del PP- sin nuevas medidas políticas.

Bruselas hace especial hincapié en que España, como otros países, no ha aprovechado la buena coyuntura y los bajos tipos de interés para rebajar su deuda y le pide "utilizar cualquier ingreso inesperado para acelerar la reducción" en 2020.

España salió en 2019 del procedimiento por déficit excesivo y pasó al brazo denominado preventivo, en el que Bruselas vigila el déficit estructural -que no tiene en cuenta el aporte del ciclo económico, al contrario que el nominal-, el control del gasto público y la reducción de deuda.

El borrador apunta a que España incumplirá en los tres indicadores.

Bruselas pide reducir el déficit estructural en un 0,65 % del PIB (unos 7.800 millones de euros) en 2020, pero según sus cálculos este aumentará. Esto supondría que la brecha entre lo que prevé el borrador y la meta marcada por Bruselas sería del 0,8% del PIB, con lo que España debería legislar ajustes adicionales por unos 9.600 millones.

Bruselas precisa que pese a ser una prórroga el borrador sí incluye dos medidas anunciadas para 2020 que podrían aumentar el déficit: la subida de las pensiones conforme al IPC y el incremento del salario de los funcionarios, cuyo impacto cifra entre 4.800 y 6.000 millones.

Tampoco se respetaría la norma que fija un aumento máximo del 0,9% del PIB en el gasto público primario -sin tener en cuenta intereses de la deuda, prestaciones de desempleo ni inversiones con fondos europeos- ni la que exige reducir la deuda al umbral del 60% del PIB.

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