Pagar las pensiones en Canarias cuesta ahora cien millones de euros más al mes que en 2010. El incremento refleja los males que acechan al actual sistema, con un creciente número de perceptores y una evolución contraria de los ingresos, porque envejece la población y decrece el número de ciudadanos en edad de trabajar, y por la devaluación salarial que ensoleró la reforma laboral puesta en marcha por el Partido Popular (PP) en 2012.
El pasado viernes, el Gobierno en funciones aprobó el modo en que abonará la paga extra de Navidad, que costará en toda España más de 9.000 millones de euros. El 3% de dicha cantidad se quedará en el Archipiélago, más de 273 millones de euros.
La suma global unida al desembolso que supone la última mensualidad del año supondrá que salgan del sistema más de 19.000 millones de euros, cantidad que no soportan los ingresos corrientes. Hay que volver a echar mano de la conocida como hucha de las pensiones, que volverá a anotarse un mínimo de existencias, 1.500 millones de euros.
Para entender la deriva del sistema basta recordar que el Fondo de Reserva -verdadero nombre de la hucha- llegó a contar con 68.000 millones de euros en 2011. Desde ese momento, la caída del número de cotizantes por el notable crecimiento del desempleo durante el desarrollo de la crisis y por la reducción de los salarios la han llevado a mermar.
En idéntico sentido empuja la inversión de la pirámide poblacional. El incremento del número de pensionistas es notable. En los diez últimos ejercicios, Canarias ha sumado 71.740 y hoy tiene 327.907, un 28% más que en octubre de 2010.
Mejoran los ingresos
El único motivo para el optimismo lo aporta el comportamiento de la recaudación durante este año. El proyecto presupuestario elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez preveía una mejora de los ingresos del 7,5%, pero la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, explicó al final de la pasada semana que se quedaron cortos.
El crecimiento alcanza a estas alturas el 8% y el avance lo explica de manera principal el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) que entró en vigor el primer día de este 2019. El acuerdo entre PSOE y Podemos conllevó un salto nunca antes conocido del 22,3% y permitió que nadie perciba menos de catorce pagas anuales de 900 euros cada una de ellas.
El favorable fallo de previsión supondrá que la Seguridad Social ingrese casi 8.000 millones más de los calculados para este año. No obstante, se trata de un puntual momento feliz que no oculta la necesidad de una reforma en profundidad del sistema de pensiones, porque es el envejecimiento de la población la que lo lastra de manera principal.
Más aún teniendo en cuenta que las políticas puestas en marcha por el PSOE se encaminan a que los ciudadanos perciban unas pensiones más ajustadas a permitir una existencia digna. A saber, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) introdujo una actualización de las pensiones del 1,6% y a las mínimas se les aplicó una mejora del 3%. Además, la base reguladora, factor decisivo a la hora de calcular la cantidad que recibirá cada pensionista, pasó del 56% al 60%.
La apertura del debate dentro del Pacto de Toledo no tiene visos de llegar en el corto plazo. La polarización de la política y la incapacidad de los actuales rectores para rozar siquiera un consenso estatal lo dejan claro.
Los expertos se dividen entre los que dan por heridas de muerte las actuales condiciones que tienen los pensionistas en España y los que abogan por revisar el orden de prioridades presupuestarias para cargar parte del esfuerzo en las cuentas estatales; si es necesario, incluso generando nuevas figuras fiscales capaces de garantizar los ingresos suficientes.
En el grupo de los primeros se promueve la contratación de planes privados de pensiones para asegurar la calidad de vida en el futuro. Aluden a la imposibilidad de mantener el actual nivel de la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje de salario que cubren los ingresos por jubilación.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sitúa ese valor en España en el 82% para un joven de hoy que aparque su vida laboral en 2050. Quienes más animan a suscribir un plan de pensiones inciden en que es muy superior a la que ofrecerá el sector público en países como Francia (74%), Alemania, Estados Unidos (ambos por debajo del 60%) o Reino Unido (29%), entre otros, siempre según el estudio de la OCDE.
Ese mismo trabajo revela que en otros estados como Holanda, el valor se situará incluso por encima del cien por cien. Es decir, cobrarán más los jubilados que los ciudadanos en activo.
El Archipiélago contaba en octubre con 182.070 jubilados, pero la cifra no cesa de incrementarse. Hay 45.891 ciudadanos del Archipiélago más en esa situación que en el décimo mes del año 2010. Se trata de un crecimiento del 33,7%, es decir, el volumen de pensionistas ha aumentado en un tercio durante los últimos diez años.
