La alegría con que el Gobierno de Pedro Sánchez elaboró su previsión de los ingresos tributarios del Estado tendrá consecuencias en las arcas de las comunidades autónomas. Y Canarias no será una excepción. Un exceso de optimismo llevó al Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero ahora en funciones, a sobrestimar la recaudación fiscal en casi 9.000 millones de euros, según los cálculos del sindicato de técnicos Gestha, que ayer celebró su decimosexto congreso nacional en Santa Cruz de Tenerife. Un mal cálculo que obligará al Ejecutivo regional a devolver al Estado unos 14 millones de euros cuando en 2021 se produzca la liquidación de los dineros del sistema de financiación autonómica de 2019.

El Gobierno central estimó los ingresos tributarios en el actual ejercicio en 221.692 millones. Según el Ministerio, esa es la cantidad que debía recaudarse este año por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre Sociedades, el IVA, los impuestos especiales y el resto de tributos. Sin embargo, la recaudación quedará sensiblemente por debajo de esa cifra, algo que a estas alturas de 2019 ya puede darse por sentado vista la evolución de los ingresos en los últimos meses. La duda era hasta qué punto había hinchado el Gabinete de Sánchez la recaudación fiscal, pero los técnicos de Gestha han despejado la incógnita. Los expertos del propio Ministerio de Hacienda de ahí la fiabilidad de sus estimaciones calculan que los ingresos tributarios ascenderán en realidad a 212.958 millones de euros. El "agujero" será, por tanto, de 8.734 millones. Una notable diferencia entre lo previsto por el Ministerio y lo que efectivamente se recaudará que no solo obligará a ajustar el gasto Bruselas ya ha avisado al Gobierno que hay un riesgo cierto de desviarse de los objetivos de déficit y de deuda, sino que también castigará directamente, aunque en diferido, a las comunidades autónomas.

Ocurre que las regiones reciben anualmente de las arcas estatales las llamadas entregas a cuenta. Se trata de un dinero que las autonomías de régimen común todas menos Navarra y el País Vasco cobran anticipadamente con cargo a los fondos del sistema de financiación que a cada una le corresponden. En definitiva son una suerte de anticipos cuya cuantía se calcula sobre la base de las previsiones de ingresos del Ministerio de Hacienda. Al tratarse de una previsión el Gobierno no puede saber con total exactitud cuánto ingresará por el IRPF o por Sociedades, las entregas a cuenta se liquidan definitivamente dos años después, de modo que las de 2019 se liquidarán en 2021. Es entonces cuando se dispone de todos los números, de modo que si el Estado entregó a cuenta menos dinero del que debía, transfiere la diferencia a las comunidades (es lo más habitual); y si les entregó más de lo que correspondía, entonces son las comunidades las que han de reintegrar el exceso.

Por tanto, el problema se produce porque la diferencia entre la cifra prevista y la real es muy grande, ya que las regiones han percibido entregas a cuenta a partir de una previsión de ingresos hinchada en esos más de 8.700 millones. Esto se traduce, según adelantó el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, en que las comunidades perderán en 2021, cuando se liquide la cuenta, unos 4.200 millones, de los que 13,51 millones serán los que tendrán que devolver las Islas.

Los expertos recelan del aumento del IGIC

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, calificó ayer de "regresiva" la subida del tipo general del IGIC del 6,5 al 7% que el Gobierno de Canarias incluirá en los presupuestos autonómicos para el próximo año. Cruzado explicó que los técnicos de Hacienda apuestan por una reforma en profundidad del sistema tributario, tanto a nivel nacional como regional, en lugar de por subidas o bajadas puntuales de determinados impuestos. No obstante, el representante de Gestha indicó que la imposición directa, que tiene en cuenta la situación económica del ciudadano el IRPF, por ejemplo, ha perdido peso en beneficio de la indirecta, que, como el IGIC, la soportan en igual medida el más acaudalado de los contribuyentes y el más desfavorecido, de ahí que sea más "injusta".