Más vale pájaro en mano que ciento volando. Eso es lo que pensaron ayer los portavoces canarios de los distintos grupos parlamentarios cuando aprobaron por unanimidad, pero a regañadientes, el decreto ley 12/2019 del 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook. Medidas que son bienvenidas, pero que para los partidos de la oposición resultan "insuficientes", de ahí que forzaran en la Diputación Permanente la tramitación del decreto como proyecto de ley y por el procedimiento de urgencia. Con ello se abre la puerta a que se puedan introducir cambios en el plan de choque impulsado por el Ministerio de Turismo.

La iniciativa se consolidó con 35 votos a favor de Ciudadanos, Partido Popular, Coalición Canaria y Unidas Podemos. Solo el PSOE y PNV votaron en contra de la idea. El procedimiento de urgencia facilitará el trámite, reduciendo a la mitad los plazos. Esta nueva situación no retrasa la aplicación de las medidas ya establecidas. El texto aprobado por el Gobierno central es de obligado cumplimiento a pesar del cambio.

Todavía no se conocen los plazos para presentar las enmiendas. Será la mesa de la Diputación Permanente quien decida el proceso a seguir, ya que se trata de "un caso excepcional", según apuntó Guillermo Mariscal, diputado canario del Partido Popular. La caída del turoperador británico en la madrugada del 23 de septiembre afectó a 600.000 pasajeros en todo el mundo y significó la pérdida de 745.150 plazas aéreas que ya estaban cerradas en vuelos al Archipiélago para la temporada de invierno.

Críticos

Tanto Mariscal como el resto de portavoces canarios de la oposición se mostraron muy críticos con las medidas impulsadas desde el Gobierno, tildándolas de insuficientes y poco eficaces. El decreto ley plantea la concesión directa a Canarias de 15 millones de euros y una línea de financiación de hasta 200 millones para atender las necesidades financieras de los afectados. Además, el texto regula el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad turística dotado de 500 millones más para apoyar nuevos proyectos en el sector.

Los portavoces de la oposición aprovecharon sus intervenciones para adelantar cuáles serían algunas propuestas de mejora para un posible nuevo texto. El diputado popular reconoció que el partido intentará introducir la bonificación "al máximo" de todas las tasas aeroportuarias para aquellos vuelos que incrementen las previsiones para Canarias. Además, aseguró que buscarán ampliar la reducción de costes de la Seguridad Social que plantea el Gobierno central, ya que el Ejecutivo solamente tuvo en cuenta aquellas personas con contratos fijos discontinuos, una modalidad que no se practica en Canarias.

Victoria Rosell, diputada canaria de Unidas Podemos, tachó el decreto de "poco ambicioso, demasiado electoralista, y poco garantista con las personas trabajadoras afectadas". Entre sus propuestas destaca la de "asegurar una fluida coordinación del Servicio Público de Empleo Estatal" para la agilización de la tramitación para el acceso a las prestaciones y garantizar la "reposición de prestaciones por desempleo a las personas afectadas por el ERTE".

Por su parte, Melisa Rodríguez, diputada canaria de Ciudadanos, también se mostró muy crítica con las medidas del Ejecutivo. "Falta consenso y responsabilidad", recriminó Rodríguez al Gobierno, por no contar con los partidos para configurar la propuesta desde un principio. "El bipartidismo ha estado cómodo con el modelo turístico que había, y ha apostado por un modelo obsoleto", criticó la diputada.

La diputada de CC, Ana Oramas, votó a favor del decreto "por Baleares" ya que, en su opinión, las medidas no cubren las necesidades de Canarias. Oramas reprochó al Gobierno que no incluyera la rebaja de tasas aéreas. Además, acusó al Ejecutivo de prometer 15 millones para promoción turística "que ya eran de Canarias", ya que "se han detraído" del Plan de Infraestructuras Turísticas para las Islas. Respuestas del Gobierno a la pérdida de conectividad del Archipiélago, como consecuencia del cierre de bases de Ryanair, fue otra de las cuestiones que la diputada recriminó.