La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha dado la voz de alarma. La política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) conduce a los bancos a plantearse cobrar por los millones que sus clientes -Comunidad Autónoma Canaria, cabildos y ayuntamientos, entre otros- tienen depositados en ellos. La regla de gasto impide a las administraciones tocar gran parte de esa suma, con lo que, en la práctica, la ley de estabilidad presupuestaria provoca que fondos públicos acaben en el balance de las entidades financieras.

"Tenemos 17 millones de euros en Bankia y cumplimos con el objetivo de déficit", resalta Bueno. Desde el banco ya se han puesto en contacto con el consistorio para anunciar que en breve, "en dos meses", señala la regidora, empezarán a cobrar por el dinero público moganero que duerme en sus cajas fuertes.

Es una situación común a la práctica totalidad de los municipios de las Islas. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera les obliga al déficit cero y, al mismo tiempo, si logran superávit, no pueden destinar esa suma a mejorar el servicio a los ciudadanos.

En la reunión del pasado 12 de septiembre, el BCE decidió incrementar la tasa que cobra a los bancos por sus depósitos en diez puntos básicos, dejándola en el 0,50%. Además, los expertos dan por seguro que antes de finalizar el año, en su reunión de diciembre, Draghi y su equipo la llevarán hasta el 0,60%.

Son ya varias las entidades que han trasladado ese coste a sus clientes institucionales y, más pronto que tarde, dicha práctica se extenderá a la totalidad de la clientela. De hecho, si ninguna ha dado ya el paso es por no ser la primera, con lo que se expondría a una fuga masiva de depósitos. Sin embargo, saben que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no toleraría un movimiento simultáneo de todas ellas o, en otras palabras, un pacto contra los intereses de los consumidores.

Volviendo a los 17 millones de euros que tiene Mogán atrapados en la regla de gasto, la aplicación de la tasa del 0,50% supondría la pérdida de 340.000 euros anuales provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos. "En toda España hay 35.000 millones de euros de las entidades locales en la misma situación", explica el presidente de turno de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Antonio Morales. Someter al 0,50% dicha suma, reportaría a las arcas de los bancos 175 millones de euros.

El también presidente del Cabildo de Gran Canaria señala que el moganero no es el único municipio que ha elevado este asunto a la institución insular, por lo que será tratado en la próxima reunión de la asamblea de alcaldes para fijar una "posición conjunta".

Para Morales, no resulta de recibo que las administraciones tengan cautivas grandes sumas de dinero que podrían destinarse a "generar empleo, contratar más personal" o, en definitiva, dar un mejor servicio a los ciudadanos. Menos aún que sobre una parte de dichas cantidades penda ahora la amenaza de terminar en los balances de los bancos.

Además, Antonio Morales comparte la opinión expresada desde hace tiempo por no pocos actores políticos y que concluye en que las exigencias de estabilidad presupuestaria y regla de gasto para las entidades locales tiene como fin principal "encubrir el déficit conjunto del Estado".

El problema no es exclusivo de los ayuntamiento canarios, por lo que acabará en una negociación entre la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) -de ámbito estatal- y el Ministerio de Hacienda. Ya el pasado mes de julio el presidente de la institución intermunicipal y alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), anunció una flexibilización de la regla de gasto tras reunirse con la ministra María Jesús Montero. Sin embargo, el equipo de esta tardó escasas horas en enmendarle la plana y reducir el supuesto hito a la simple intención de atender con especial detenimiento esa demanda.

Por el lado de la banca, pocas dudas pueden quedar. Sumida en la búsqueda de un modelo que garantice la rentabilidad del negocio desde la crisis financiera que hubo de superar, la política de tipos bajos que mantiene el BCE lastra su caminar. La mira está puesta en los clientes.