La candidata de CC-PNC-NC al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ana Oramas, ha señalado que las medidas del plan de choque aprobado por el Gobierno central para paliar las consecuencias de la caída del touroperador Thomas Cook "son claramente insuficientes" y "nada eficaces para Canarias", ya que "están hechas a medida para Baleares cuya realidad es completamente diferente a las nuestras".

Así, la candidata ha aseverado que "no dan respuesta a los problemas que ha generado esta situación aquí", al tiempo que ha criticado "la falta de impulso y respuesta del actual Gobierno canario, que se ha conformado con lo que les ha planteado Madrid en un acto de sumisión más" al que ya tiene "acostumbrado" a la sociedad canaria.

"Total desvergüenza"

Por otra parte, ha asegurado que es una total "desvergüenza" y un ejercicio de "oportunismo" el anuncio del informe de la abogacía del Estado que da luz verde a la transferencia de 4.500 millones de euros a las Comunidades autónomas.

Según Oramas, se trata de unos ingresos que, hasta ahora, "se habían negado a realizar con la excusa de que el Gobierno estaba en funciones", a pesar de que sin esas transferencias "se estaba asfixiando a las comunidades autónomas".

"Pedro Sánchez ha usado el dinero de la sanidad y la educación, reteniéndolo a voluntad, para dar un golpe de efecto en período electoral, un ejercicio de irresponsabilidad y de inmadurez política sin precedentes en la democracia española", indica en una nota.

Para la diputada nacionalista, "es increíble que el propio Pedro Sánchez anunciara hace una semana en un mitin ante simpatizantes del partido socialista el cambio de criterio de la abogacía del Estado que se anunció ayer, en lo que supone un desprecio absoluto a las formas y al respeto institucional".

En su opinión, esa información se debería trasladar de forma oficial a las Comunidades Autónomas "y no a través de los cortes informativos que se dan en los medios de comunicación nacionales".

Para la candidata nacionalista, "tanto la Abogacía del Estado como el propio Gobierno deben dar explicaciones de qué es lo que ha cambiado de hace cuatro meses a ahora para justificar un cambio de opinión en un asunto tan relevante porque, aparentemente, lo único que parece haber cambiado es que estamos en campaña electoral".