Los pescadores canarios están de nuevo en pie de guerra. Tras años de lucha para lograr una cuota de atún rojo mayor, el sector está ahora sumergido en otra batalla: convencer al Gobierno central de la necesidad de revocar la orden que a partir del día 16 obligará a los pescadores a balizar, con unos requisitos "desorbitados", las artes menores y de trampa dentro de las doce millas. El tiempo corre y no quieren que su actividad se paralice por una medida que, aseguran, amenaza con llevar a la ruina al sector.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el fin de corregir "diversas carencias", dictó el 9 de abril una orden sobre la que el ministro en funciones, Luis Planas, explica que regula las artes y modalidades de pesca marítima y establece, a su vez, un plan de gestión para los buques de los censos del caladero canario. Sirvió para unificar la "dispersa" normativa a la que se atenía la actividad en Canarias. Lo que no entiende el sector es que el Ejecutivo estatal pretenda extender la aplicación de los artículos que van del 13 al 17 del reglamento 404/2011 de la UE para el balizamiento de nasas y tambores en aguas a menos de 12 millas de la costa porque "supone un desembolso económico inasumible y dificulta toda la operativa". Entre las nuevas condiciones que tendrán que cumplir los pescadores canarios destaca la obligatoriedad de contar con dos boyas de señalización en los extremos por cada arte pasivo. Cada baliza deberá soportar un mástil de una altura mínima de un metro por encima del nivel del mar que sostendrá, a su vez, una o dos banderas rectangulares y una o dos luces de color amarillo que proyecten cada 5 segundos un destello que sea visible a dos millas náuticas.

Estas especificaciones traen de cabeza al sector, tanto por el coste económico que conlleva como por la dificultad de transportar el nuevo material requerido en sus barcos, la mayoría de ellos de pequeño porte. Hasta ahora emplean unas boyas pequeñas equivalentes al tamaño de dos pelotas de tenis, pero con las nuevas reglas están obligados a hacerse con balizas de un tamaño superior capaz de soportar un asta de al menos un metro de altura. Esto implica, según apunta el presidente de la Cofradía de Pescadores de Nuestra Señora de los Reyes, Fernando Gutiérrez, que sea necesario amarrar "un ancla o una piedra" a la nasa o al tambor para que no salga a flote. Y no solo para evitar que salgan a la superficie, sino también para que no queden a la deriva cuando se produzcan fuertes corrientes.

Esta nueva medida afecta a los pesqueros de las Islas que emplean nasas, tambores, trasmallo y cazonal para capturar samas, viejas o morenas, entre otras especies. Gutiérrez estima que la mayoría de los pescadores se verán perjudicados, pues el coste de la señalización por cada aparejo ronda los 100 euros. Gutiérrez se pone como ejemplo. Los pesqueros canarios han remitido a la Secretaría General de Pesca un plan de gestión de las nasas y el cazonal, pero aún no hay respuesta.

El director general de Pesca del Ejecutivo regional, Carmelo Dorta, también sostiene que la orden "no tiene sentido práctico", más allá del impacto económico que puede suponer su puesta en marcha. Ante la cercanía de su entrada en vigor, prevista para el próximo miércoles, el Gobierno canario ha intensificado esta semana las negociaciones con Madrid para evitar su puesta en marcha. Dorta expone que el objetivo del Ejecutivo es que solo se apliquen las normas generales para las artes pasivas que recogen los artículos 11 y 12 del reglamento europeo, más generales y carentes de requisitos tan estrictos. En ese caso, basta con que esté garantizado que todos los aparejos transportados a bordo o usados para la pesca estén claramente identificados, sin necesidad de portar mástiles.

Este nuevo "varapalo" llega en el año en el que Canarias consiguió un aumento considerable de la cuota del atún rojo, del 72% hasta alcanzar las 438,5 toneladas. Dejó sin pescar, sin embargo, un tercio de la misma. Por primera vez se aplicó límites de captura por tipo de buque y tamaño para dejar atrás la pesca olímpica. La Secretaría General de Pesca expuso en su momento que la transición de una modalidad de pesquería a otra pudo influir, "posiblemente", en que no se consumiera parte del cupo pese a que el sector reclamaba desde 2007 una asignación mayor tras quedarse con un raquítico 1% de la cuota nacional.