El modelo público de pensiones se tambalea en España por la evolución demográfica y el desequilibrio financiero entre el decreciente número de cotizaciones, la precariedad laboral y el pago de las nuevas jubilaciones, e intensifica el debate sobre las reformas que deben articularse en el corto y medio plazo para garantizar su sostenibilidad. Sobre la idea compartida de que el actual déficit del sistema del 1,5 % del PIB es insostenible el llamado modelo sueco o de cuentas nocionales se presenta como una alternativa viable y equilibrada financiera y socialmente, a tenor de lo que defienden varios de los expertos que ayer participaron en una jornada organizada por el BBVA en Madrid.
El modelo sobre el que han colocado la lupa consiste, básicamente, en anotar en una cuenta virtual las cotizaciones de cada trabajador actualizando su valor en función de distintas variables de forma que la pensión resulta de dividir el saldo acumulado durante la vida laboral entre la esperanza de vida estimada en el momento de la jubilación. Este sistema de cálculo no solo garantizaría la sostenibilidad financiera del modelo español, sino que sería también una fórmula equilibrada, desde el punto de vista generacional, de asumir los nuevos horizontes laborales.
El primero en apostar por este sistema ayer fue su propio creador, Edward Palmer, quien instauró el sistema de capitalización de las cotizaciones en 1999 en Suecia y lo exportó con éxito a Italia, Portugal, Noruega o Finlandia. Pero le secundaron otros expertos como José Antonio Arce y Rafael Domenech, ambos integrados en el equipo del Instituto BBVA de Pensiones. "No solo es posible asumir un modelo de cuentas nocionales, sino que es absolutamente necesario", afirmó rotundo Domenech, que además acota a diez años el periodo de transición desde el actual modelo a este.
El experto del BBVA, frente a lo que sostienen algunos críticos, asegura que "el sistema de capitalización complementaria como el que tiene Suecia también puede ser público, no hay nada que lo impida". Según él, "en un mundo de transformación digital en el que las personas van a trabajar en muchas empresas a lo largo de carreras laborables más largas, la solución pasa porque esa cuenta complementaria sea un número de la Seguridad Social en la que cualquier empresa vaya haciendo aportaciones y el trabajador decida si quiere que lo gestione la propia Seguridad Social, su sindicato o su institución financiera".
Domenech aseguró que el modelo sueco "es justo desde el punto de vista generacional", y es flexible porque cada trabajador puede elegir su horizonte laboral, los años que quiere cotizar y la cuantía de su pensión en función de ello. En cualquier caso, "esto tiene que ser compatible, como ocurre en Suecia y otros países, con una pensión mínima pública para todos los trabajadores independientemente del tiempo de cotización".
Un panorama desolador
Si no se acometen ya reformas el panorama que dibujan todos los expertos sobre el futuro de las pensiones es desolador. El consejero ejecutivo del BBVA y responsable global de Economía y Relaciones Institucionales, José Manuel García-Páramo, aseguró que entre las medidas de tipo presupuestario para financiar las pensiones se encontraría un posible aumento de impuestos y cotizaciones, o un ajuste en el nivel de las pensiones, aunque apuntó como mejor solución una mejora en la gestión pública de manera que legitimase posibles aumentos de la carga fiscal. El directivo bancario aseguró que "las cotizaciones sociales ya nunca más van a poder ser capaces de financiar el gasto en pensiones", y consideró que, o se hace frente con un aumento del número de afiliados, que cifró en 28 millones de personas, o mediante un "reajuste del coste".
Por su lado, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Oscar Arce, insistió en la necesidad de llevar a cabo reformas de calado para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, advirtiendo al tiempo de que muy previsiblemente se necesitarán "ajustes" tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos. En su opinión, las reformas del 2011 y del 2013 significaron una "avance sustancial" para garantizar la sostenibilidad financiera, pero la suspensión de algunos de sus elementos en los últimos años, como el factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones, pone en cuestión la viabilidad financiera a medio y largo plazo y cree necesario lograr "amplios acuerdos" para garantizar su viabilidad social.
