El sector tomatero de Canarias ha sido señalado desde el primer momento como uno de los más afectados por el brexit, pero es ahora cuando se concreta la factura que tendrá que pagar. En el caso de que no den resultado los intentos de reorientar las ayudas comunitarias a la comercialización y el transporte, los productores del Archipiélago tendrán vedado el acceso a estas compensaciones, y eso les ocasionará una pérdida de 0,174 euros -algo más de 17 céntimos- por cada kilo exportado a Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El dato -revelado recientemente en el Parlamento regional por la consejera de Economía del Gobierno canario, Carolina Darias- supondría un perjuicio económico de casi 3,5 millones de euros, si se atiende a las cantidades de tomate que salieron el año pasado con destino al Reino Unido, el principal mercado para quienes se dedican en las Islas a esta actividad.
Según las cifras del antiguo Instituto de Comercio Exterior y ahora España Exportación e Inversiones (ICEX), Canarias exportó 20,13 millones de kilos de tomate a tierras británicas en 2018, mientras que en los primeros siete meses de 2019 han sido 12,7 millones de kilos los enviados al Reino Unido.
El cálculo de los 0,174 euros por kilo ha sido realizado por los técnicos de la Consejería de Agricultura con la participación de los propios productores y exportadores. El proceso para determinar la pérdida de competitividad del sector si finalmente se produce el brexit arrancó el 12 de junio y ha culminado hace unos días, indicó Darias en una comparecencia ante la Cámara regional.
Para tratar de que los peores pronósticos no se hagan realidad, el Gobierno canario ha puesto en marcha, desde la legislatura anterior, una estrategia dirigida a reformular las líneas de ayudas con las que la Unión Europea compensa el sobrecoste que representa para las empresas de las Islas enviar el producto al Reino Unido, en peligro si este deja de formar parte del espacio comunitario y pasa a ser considerado tercer país.
Lo que el Ejecutivo autonómico ha planteado al central -y este ha trasladado ya a Bruselas- es, en primer lugar, que una parte de las ayudas a la comercialización que reciben los tomateros canarios como parte del Posei se reorienten a las ayudas a la producción, que también forman parte del programa gestionado por la Comisión Europea. Se trata de unos dos millones de euros, correspondientes a la comercialización en el Reino Unido, aproximadamente la mitad de los que perciben por este concepto (3,9). Canarias argumenta para ello el impacto que se derivaría de las dificultades que entrañaría el brexit para vender el producto en el que hasta ahora ha sido el mercado más importante para el sector del tomate isleño.
Un segundo frente en esta estrategia lo constituye el intento de los gobiernos canario y español de enarbolar la condición del Archipiélago como región ultraperiférica (RUP) para que las autoridades de la UE consientan en mantener las ayudas de Estado al transporte del tomate, que en el caso de los envíos a los países que integran el Reino Unido ascienden a alrededor de 1,9 millones de euros.
A las asociaciones canarias de productores y exportadores de tomate el cálculo efectuado por la Consejería de Agricultura les parece correcto, entre otras razones porque ellas mismas han tomado parte en el proceso que ha llevado a su determinación. Pero también advierten de que las pérdidas irán más allá de las que tengan lugar como consecuencia de la imposibilidad de beneficiarse de las compensaciones, pues a estas habrá que sumar las ganancias -unas cuatro libras (4,5 euros) por cada bulto de seis kilos- que dejen de percibirse al disminuir las ventas, precisa Gustavo Rodríguez, portavoz de Fedex (Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas).
"El brexit es un ingrediente más de la indigesta sopa en la que estamos", advierte Rodríguez. El sector se encuentra ya "muy tocado" por la dura competencia que plantean los productores de terceros países. "Es imposible competir en costes con ellos", apunta el representante de los tomateros de Las Palmas, que añade otro factor que contribuye a esta situación: el aumento del salario mínimo en una actividad para la que "el coste de mano de obra supone entre el 60% y el 70%".
Además, el desplazamiento hasta el final del ejercicio del cobro de las compensaciones al transporte, que hasta hace dos años se abonaba en agosto, alarga la travesía que realizan las empresas desde que comienza la campaña -en junio- hasta que ingresan las primeras cantidades -a finales de noviembre- y las obliga a buscar financiación, lo que no siempre resulta fácil.
Los embates a los que está expuesto el tomate canario se traducen en que la actual campaña cuenta en las islas orientales con tres empresas menos que la anterior, y también que las seis que perviven lo hagan en peores condiciones que antes.
El sector del tomate está muy volcado hacia la provincia de Las Palmas. En la de Santa Cruz de Tenerife solo hay una empresa que se dedica a la exportación, la del presidente de Aceto (Asociación de Cosecheros Exportadores de Tomates de Tenerife), Francisco Echandi, quien, al igual que Rodríguez, confía en que den frutos las gestiones desarrolladas para conservar las compensaciones. Echandi admite que "las principales afectadas" serían las empresas de la provincia vecina, que exportan de forma directa al Reino Unido y no a través de la Península.
