Canarias tendrá que esperar aún algunos días para conocer hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno central en la adopción de medidas concretas y urgentes para paliar los efectos más inmediatos que la quiebra del turoperador británico Thomas Cook puede provocar en el sector turístico canario. La reunión de ayer de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, con los consejeros de Turismo de las cinco comunidades autónomas más afectadas, particularmente Canarias y Baleares, junto a representes empresariales del sector, no sirvió para avanzar en ninguna de las que reclama el Gobierno regional y la patronal hotelera, y todo queda pendiente de que el Ejecutivo central conozca más al detalle el impacto real de la situación y de las posibilidades de actuación que tiene.

Una vez tenga en su mano la información reunirá, en los próximos días, una Comisión Interministerial de Turismo para decidir sobre, entre otras medidas, la exención de tasas aeroportuarias que reclama el Archipiélago, como medida excepcional, para salvar la temporada alta y garantizar la conectividad con los mercados turísticos afectados.

Maroto reconoció ayer la gravedad de la situación y expresó su compromiso de que se estudiarán actuaciones en los frentes sobre los que la consejera canaria de Turismo, Yaiza Casilla, puso el énfasis durante la reunión, pero no se atrevió a dar su apoyo a ninguna medida que dependa de otro ministerio.

Castilla reclamó un plan de choque que incluya, además de la exención de las tasas aeroportuarias, reducciones de las cargas fiscales y bonificaciones en la Seguridad Social para las empresas más duramente castigadas por la crisis, posibles créditos blandos a través del ICO, flexibilizar el plazo de autorización de una nueva aerolínea para cubrir los cupos de conectividad que quedan ausentes, y el impulso de la llamada quinta libertad aérea.

Maroto no se comprometió con ninguna de ellas. De hecho, la ministra abordó la situación pensando sobre todo en intentar salvar las plazas ya reservadas hasta diciembre en los paquetes turísticos de la operadora en quiebra, es decir, los de más impacto en Península y Baleares, mientras la consejera canaria recordaba que en Canarias la temporada alta es la de invierno, que empieza el 1 de octubre, y que afectaba a un total de 745.000 reservas hasta agosto del 2020.

"Estamos muy preocupados porque sin dejar de ser solidarios y empatizar con el resto de comunidades autónomas, la quiebra de esta compañía y su desaparición en Canarias supone la mayor crisis turística que podemos tener en el Archipiélago y debemos tener medidas urgentes", recordó Castilla en la rueda de prensa conjunta de la ministra y de los responsables autonómicos de Turismo.

De hecho, la consejera canaria varió su valoración de la propia reunión y solo tras un compromiso más explícito de Maroto de que en la comisión interministerial se abordarían las reclamaciones específicas de Canarias, y tras algún contacto telefónico con el propio presidente regional, Ángel Víctor Torres, se sumó a la valoración positiva que realizaron sus colegas de Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña.

La misma posición que la consejera defendieron los representantes empresariales del sector en las Islas que acudieron a la reunión: el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José María Mañaricúa; el presidente de Ashotel, Jorge Marichal; el presidente de CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco; y Santiago Armas en representación de la patronal hotelera de Las Palmas (CCE). Según ellos, la ministra "tranquilizó" más al sector turístico de la Península y Baleares, pero no tanto al canario, que empieza, que tiene disponibilidad de plazas para toda la nueva temporada y que necesita que se garantice conectividad para cubrirlas. Aseguran tener constancia de que hay turoperadores y aerolíneas dispuestos a asumir esas rutas, pero necesitan de medidas que les facilite dar el paso.

La ministra, por su lado, recalcó el compromiso del Gobierno con la "implementación de medidas para intentar mitigar los efectos negativos de esta crisis" reconociendo que "a corto plazo no se va a poder resolver del todo", pero que, "a medio y largo plazo, estableceremos esas reuniones de trabajo para abordarlos".

Salvar las filiales

Entre las medidas a corto plazo que se están estudiando, Maroto mencionó la negociación que se está llevando a cabo junto a los gobiernos de Alemania y Suecia para tratar de que la quiebra de Thomas Cook no arrastre también a sus filiales Cóndor y Thomas Cook Scandinavia, que ayer pudo reactivar su actividad.

En relación con las medidas urgentes puestas en marcha para devolver a sus casas a los turistas afectados en España, la ministra avanzó que se ha solicitado al Reino Unido una ampliación de su plan de contingencia y la programación de más vuelos porque la cifra de 30.000 viajeros calculada por la embajada británica es muy inferior a la real de 53.000 que se estima por parte de las comunidades autónomas. Solo en Canarias hay 35.000 turistas afectados, a los que hay que añadir los 13.000 en Baleares, otros 5.000 en Cataluña, y algunos más en Andalucía y Comunidad Valenciana.

En este sentido, Castilla valoró muy positivamente el trabajo y coordinación del conjunto de los departamentos autonómicos y estatales implicados en el operativo para el regreso de los turistas a sus países de origen. "Nos preocupa que el plan de contingencia salga bien para que los turistas afectados en Canarias tengan una imagen de amabilidad, de cercanía, de confianza, buen trato, de calidad y de nivel que tenemos como destino turístico y que puedan volver y que se vayan con ese sentimiento y no con el sentimiento encontrado como se ha producido en otros destinos", resaltó la consejera.