La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas defendió ayer que no es el sistema de bonificación del 75%, sino las prácticas de las aerolíneas, lo que ha encarecido los billetes para viajar entre el Archipiélago y el resto del territorio nacional. El "mal uso" por parte de las compañías y la "dejación de funciones" del Gobierno central han provocado, denunció, que una fórmula ideada para facilitar el transporte de los residentes en Canarias a otros puntos del país haya derivado en incrementos de los precios que -según datos facilitados por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el pasado miércoles- rondan el 20% y, en algunos casos, alcanzan el 40%.
La parlamentaria nacionalista se refirió, durante una comparecencia informativa, a "un posible abuso y un supuesto fraude", que luego concretó. Las aerolíneas -aseguró- utilizan sistemas de geolocalización de teléfonos móviles y direcciones IP, de manera que pueden saber cuándo el cliente que hace una reserva a través de la web accede desde las Islas o lo hace desde la Península, según le ha informado "una persona que ha trabajado en los departamentos tecnológicos de las compañías".
"Cuando la compañía se da cuenta de que eres residente, el billete pasa a costar 400, 300 o 200 euros. Si se da cuenta de que no lo eres, cuesta 70 euros. En el mismo momento un canario y alguien que no lo es van a reservar un billete, al primero le cuesta 200 y al segundo 70, cuando -con el descuento- tenía que haberle costado 23", detalló Oramas. La diputada propuso, además, que la consulta sobre si el usuario es residente o no se produzca al final del proceso de compra, y no al principio, como ahora, puesto que esta es otra forma, a su juicio, a través de la cual las aerolíneas ofrecen precios distintos para unos y otros.
"El sistema es bueno. Es el uso supuestamente fraudulento lo que hace que no funcione", sostuvo Oramas, a quien no convencen otras alternativas, como la declaración de las rutas entre el Archipiélago y la Península como obligaciones de servicio público (OSP). Esta fórmula -que el Parlamento regional solicitó de forma unánime en 2018- precisa de una autorización de Bruselas que la diputada cree improbable y se aplica a rutas "en las que no hay mercado" o a "nuevas líneas no rentables".
CC exige a Fomento que investigue el comportamiento de las aerolíneas. La formación entiende que el Ministerio, en cambio, pone el foco sobre los propios isleños. "El ministro contesta que los canarios viajamos mucho y le costamos mucho al Estado. Por eso ha pedido a Hacienda los datos de renta de los pasajeros canarios, que parece que somos unos presuntos estafadores y abusadores". Sin embargo -apuntó Oramas-, "nadie ha investigado a quienes viajan en el AVE, que tiene déficit y pagamos todos los españoles".
Las palabras de la exalcaldesa de La Laguna fueron acogidas con malestar por los representantes del sector. "Es muy serio hacer esas acusaciones tan graves sin aportar ningún tipo de evidencia", dijo el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara. Las compañías aéreas sienten que llevan años recibiendo este tipo de imputaciones sin que "nadie" haya referido "ni un solo caso", lo que, según Gándara, resulta extraño en una actividad que es objeto de "un escrutinio tan grande".
"Todo el mundo está encima -ciudadanos, medios de comunicación, políticos...-, así que si hubiese malas prácticas, entiendo que alguien habría aportado algún caso", añadió. De hecho, el presidente de la ALA considera que, de existir este fraude, sería "muy fácil comprobarlo". "Si algo tienen los precios de las compañías es transparencia total, están en las webs y se pueden hacer comparaciones en tiempo real", expuso.
La asociación sostiene que estas acusaciones "atentan contra el buen nombre y la imagen de las compañías y de sus miles de trabajadores y colaboradores". Por ello, exhortó a los representantes públicos a que "de ahora en adelante reflexionen antes de realizar cualquier tipo de imputación de conducta ilegal".
En la misma línea de lo manifestado por las líneas aéreas, el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Rafael Gallego, negó tajantemente la posibilidad de fraude. "No lo hay en absoluto", recalcó. Gallego recordó que fue su asociación la que denunció las prácticas irregulares llevadas a cabo por Air Europa en 2010 y 2013 y por las que la empresa fue condenada. "Si alguien sabe de fraude, somos nosotros", dijo.
Las agencias de viajes niegan también el incremento de hasta el 40% de los precios reconocido por Ábalos. "No tiene ni idea", señaló el presidente de la CEAV. Gallego reivindicó la importancia de la bonificación, aseguró que en un 60% de los casos es usada por razones no relacionadas con el ocio, recordó que la demanda se ha incrementado desde que se aplica y animó a los políticos de uno y otro signo a evitar la "alarma social". "Se quieren cargar el descuento y les están dando argumentos", advirtió.
El cierre de bases de Ryanair, el efecto del brexit sobre Iberia y los problemas por los que atraviesa Norwegian confluyen para crear una "tormenta perfecta" para la conectividad del Archipiélago, que se puede quedar "sin el 82% de los vuelos y las plazas con la Península y sin el 30% de las conexiones con el resto del mundo", advirtió ayer la diputada de CC Ana Oramas.
La situación es "extremadamente preocupante", dijo la nacionalista, que lamentó no apreciar la misma preocupación en el Gobierno central y, en concreto, en el Ministerio de Fomento. Oramas recordó que el titular del departamento, José Luis Ábalos, quitó importancia el pasado miércoles, durante una interpelación en el Congreso instada por Coalición Canaria, al impacto sobre la conectividad de la clausura de las bases de Ryanair en Tenerife Sur, Gran Canaria y Lanzarote, puesto que, a su juicio, solo afectará a los puestos de trabajo. Sin embargo, el simple hecho de que los aviones de la compañía no duerman en las Islas y tengan que venir de otros aeropuertos supone "7.ooo plazas diarias que se anulan", alertó la parlamentaria.
Por su parte, los problemas económicos de Norwegian pueden traducirse, indicó Oramas, en la supresión de las conexiones de Dinamarca y Suecia con Canarias, una situación que afectará, sobre todo, a Fuerteventura y también a Lanzarote. En cuanto a Iberia, de capital británico, la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría complicarle sus rutas dentro de la Unión Europea, algo que también afecta a sus filiales, Iberia Express y Vueling.
A todos estos factores, avisó Ana Oramas, se suma la situación de Thomas Cook. Los bancos exigen al turoperador inglés, en graves problemas financieros, 200 millones de libras para evitar una próxima quiebra, adicionales a los 900 incluidos en el plan de recapitalización acordado con el grupo chino Fosun. El operador trae a Canarias unos 2,4 millones de turistas cada año, recordó la diputada de CC.
Según Oramas, los representantes del Gobierno central se han limitado a repetir ante este panorama que son "problemas de empresas privadas" y, en algunos casos, a admitir que "se desconocen". "No puede ser que no se siga y no se actúe", sentenció.
